La Junta evita 717 desahucios en Málaga y espera sumar otros 50 con la nueva ley

La Junta de Andalucía ha logrado frenar 717 desahucios en la provincia de Málaga desde que se puso en marcha la Oficina de la Función Social de la Vivienda, donde se han recibido 1.913 consultas sobre los procesos de desalojos de la vivienda y se han abierto 1.039 expedientes de actuación.

El delegado de Fomento, Manuel García Peláez, que ayer presentó la nueva ley andaluza para evitar los desahucios, subrayó que esta normativa desarrolla y amplía el decreto ley aprobado a principios de año y que fue recurrido por el Gobierno central. García Peláez apuntó que, entre otros aspectos, la nueva ley permite acogerse a la protección de la Junta contra el desahucio a los avalistas, a los autónomos que hipotecaron su propiedad y a los que firmaron un crédito-puente.

Este nuevo marco legal permitirá actuar en otros 50 casos más de desahucios que están en marcha judicialmente en la provincia y que han acudido a la Oficina de la Función Social de la Vivienda. Además, se pondrán en marcha 32 expedientes de expropiación en uso de una vivienda, lo que permitirá que otras 32 familias que iban a ser desalojadas por una entidad financiera puedan continuar en su casa durante un plazo de tres años y a la espera de buscar una solución.

El delegado de Fomento recordó que ya tenían seis procesos abiertos de expropiaciones en uso en la provincia, pero que «quedaron paralizados por el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central». Sin embargo, entiende que estos expedientes se retomarán de forma inmediata en el momento en que entre en vigor la nueva ley, algo que ocurrirá este fin de semana.

«El Parlamento andaluz, con la aprobación de esta ley, viene a reforzar la ofensiva contra los desahucios y a defender el alquiler barato, esta medida apoya y amplía el decreto aprobado en abril», insistió Manuel García Peláez, quien recalcó que una de las líneas de trabajo es fomentar el uso de las 120.611 viviendas vacías que hay en la provincia, de las que 28.251 viviendas se encuentran en la capital.

Para ello establece una serie de sanciones, que pueden llegar a los 9.000 euros a las entidades jurídicas con viviendas vacías y a los 120.000 euros a las entidades financieras con viviendas sociales sin ocupantes. En el caso de los propietarios físicos, se establecerán una serie de incentivos que animen a sacar a alquiler los pisos sin usar. En este sentido, insistió en la vía del alquiler frente a la adquisición.