La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento de expropiación del uso de dos viviendas en la provincia de Málaga, una en Torremolinos y otra en Vélez Málaga, en aplicación de la Ley de la Función Social de la Vivienda. Ambos expedientes, que ya han sido publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), están en periodo de información pública, trámite previo a la «declaración de interés social» por la necesidad de ocupación de la vivienda a efectos expropiatorios.

La vivienda de Torremolinos está ubicada en la avenida de los Manantiales, tiene 25 metros cuadrados y en ella viven cuatro personas. Esta casa, que había sido embargada por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), estaba en procedimiento de venta extrajudicial de crédito instado por dicha entidad.

Este caso, según la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, justifica de por sí el «interés social» de la ley antidesahucios, que permite la expropiación temporal de uso. Y es que, según Cortés, el caso de Torremolinos es una «realidad» que viven algunas familias andaluzas, al tiempo que criticó que la comisión de desahucios de «clase y de género», ya que son las clases populares y trabajadoras las que protagonizan estos procesos, pero también «las mujeres, por ser mujeres y trabajadoras».

En cuanto a la vivienda de Vélez Málaga, que estaba en un procedimiento de desahucio instado por Credifimo, cuenta con 101,48 metros cuadrados.

Estos dos nuevos casos, y una vez transcurrido el plazo de 15 días de información pública, se sumarán al aprobado el pasado martes, una vivienda en Huelva capital. Los tres deberán pasar después por Consejo de Gobierno, lo que asegura a las familias afectadas un techo bajo el que vivir durante tres años. En ese tiempo, pagarán en concepto de alquiler el 25% de los ingresos de la unidad familiar, cantidad que en ningún caso podrá superar los 130 euros.

La consejera de Fomento y Vivienda insistió ayer en que «estamos ante casos de vulnerabilidad social fruto de las políticas que se aplican por una estafa hipotecaria», al tiempo que recordó que existen 19 expedientes iniciados en el BOJA, de los que ocho se ubican en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, uno en Huelva y uno en Cádiz.

Además, hay 111 expedientes cerrados administrativamente a la espera de su tramitación oficial y que cumplen todos los requisitos para la expropiación de uso, mientras que 500 personas han solicitado protección al amparo de esta normativa andaluza.