El Real Club Mediterráneo mantiene sus plazos de inicio de las obras del nuevo puerto deportivo para principios de marzo. Unas fechas que coincidirán con la audiencia prevista el 5 de marzo, a las 9.30 horas, en el Juzgado número 4 de Primera Instancia. En ella el juez escuchará la petición de paralización cautelar de las obras que plantean 30 socios de la entidad, en desacuerdo con la junta en la que se decidió la construcción del puerto deportivo que sustituirá a la actual Casa de Botes.

La demanda, admitida a trámite el pasado 15 de enero, pretende impugnar el acuerdo del Club Mediterráneo que daba luz verde a la construcción del nuevo puerto deportivo. El argumento principal es que hubo anomalías en esa junta, ya que «los socios con atraques somos una minoría (80) de entre los 5.000 socios del Club, pero se aprobó que las obras se hicieran a cargo de los propietarios», señaló un portavoz de los demandantes.

La demanda presentada en el Juzgado número 4 de Primera Instancia pide «la nulidad del acuerdo» y reclama la paralización cautelar de las obras «mientras se resuelve el proceso, que puede durar uno o dos años».

La decisión del juez, de atender la petición de los demandantes, podría bloquear el inicio de las obras del nuevo puerto deportivo, cuya primera fase se ejecutaría de marzo a mayo.

El presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio, mostró su confianza en que no prospere la petición para suspender de forma cautelar las obras, que además implicaría que estos socios «tengan que dejar un depósito de 1,9 millones de euros, que es lo que invertiremos en la primera fase, como garantía por la paralización de las obras».

Gómez-Raggio, quien apuntó que mañana se celebrará una reunión informativa para explicar a los socios el sistema de venta de los atraques, insistió en que la obra «la pagará el Club con la venta de los atraques, que además saldrán con precios un 75% por debajo de los medios que hay en la provincia», unos 580 euros por metro cuadrado.

El presidente del Club Mediterráneo entiende que la demanda se ha admitido a trámite todas se aceptan en la vía Civil, pero insiste en que no se sustenta «al actuar contra un acuerdo de 2011, por lo que están ya fuera de plazo».