La Fiscalía Provincial pide seis años de prisión y una multa de 1.800 euros para un funcionario del Ayuntamiento de la capital por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y otro de malversación de caudales públicos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.
Según consta en la calificación del ministerio público, el acusado es funcionario del Ayuntamiento de Málaga con la categoría de administrativo de la administración general, «adscrito a la Delegación de Régimen Interior» y fue habilitado por el exconcejal del PP José Antonio Serrano Milanés para «pagos del anticipo de caja fija número 1.014 de dicha delegación».
Así, el empleado público, cuyas iniciales son R. G. C., extendió «con su propia mano y sin previo conocimiento, consentimiento ni autorización debida del citado concejal la firma de éste en 43 facturas, todas ellas del año 2006, cuyo importe total asciende a la cantidad de 4.962,51 euros».
También falsificó supuestamente la firma del entonces edil, indica el fiscal, en seis cheques fechados los días 24 de julio, 13 y 22 de agosto, 13 y 22 de septiembre y del 22 de noviembre de 2006, cuyo importe «asciende a la cantidad de 2.085 euros, ya incluida en la suma anteriormente expresada».
Por otro lado, aclara el acusador público, cuyo escrito fue remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, el acusado, «con ánimo de ilícito beneficio patrimonial, expidió a su favor y contra la cuenta corriente restringida de anticipo de caja fija la cantidad de 5.495,96 euros, importe que coincide con la totalidad de los gastos facturados mediante 21 talones». En seis de ellos, la firma fue falsificada, dice la Fiscalía.
El procesado, en relación a los gastos de 41 facturas cuyo importe ascendía a 533,45 euros, se mostró conforme, apunta la Fiscalía, ya que todas ellas son referentes «a gastos de su chófer».
Eso sí, el acusado, indica el ministerio fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, «reintegró finalmente en la caja municipal la cantidad apropiada, un total de 4.962,51 euros» los días 22 y 27 de febrero de 2007.
Los hechos fueron calificados por la Fiscalía Provincial de Málaga como un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil y un ilícito de malversación de caudales públicos, aunque existe la atenuante de reparación del daño causado, ya que devolvió el dinero.
Por el supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil se le piden tres años de cárcel, seis meses de multa a razón de 10 euros diarios así como la inhabilitación especial durante seis años. Por el ilícito de malversación de caudales públicos, el fiscal reclama otros tres años de prisión y la inhabilitación absoluta durante seis.
El juicio, que aún no tiene fecha, se celebrará en la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga. Han sido llamados a declarar como testigos el entonces concejal de Régimen Interior, José Antonio Serrano Milanés, un compañero del acusado y tres proveedores del Ayuntamiento.
