El golpe desencadenado anteayer contra las irregularidades en los cursos de formación a parados por la juez Mercedes Alaya es conocido como operación Barrado. En él han caído 16 personas, entre ellas trece exaltos cargos de la Junta. Sin embargo, este es primo hermano del caso Edu, que investiga Instrucción 8 de Málaga, y que afecta también a empresas que recibieron subvenciones autonómicas para impartir módulos formativos a desempleados. En el sumario de este asunto, al que ha tenido acceso en exclusiva La Opinión de Málaga, el presidente de una de las sociedades investigadas, la Asociación Axárquica de Formación y Empleo SL, Pablo Viedma, le dice a la policía que él creó su mercantil para «ganar dinero sin más», algo que le aconsejaron miembros del PSOE y, entre ellos, el exdelegado de Empleo de la Junta Juan Carlos Lomeña.
Se da la circunstancia de que Juan Carlos Lomeña fue arrestado este martes por orden de la juez sevillana Mercedes Alaya por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de formación a parados en torno al Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, registrado por la Guardia Civil. Alaya ha preferido detener primero y preguntar después, lo que contrasta con el caso que se lleva en Málaga, en el que la Fiscalía pidió la declaración en calidad de imputado del exdelegado de Empleo en un decreto fechado el 2 de junio de 2014, comparecencia que aún no se ha producido. También se solicitó la declaración como imputados de cinco técnicos de la Junta responsables de cursos de formación y de la jefa del Servicio de Formación para el empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Málaga.
Así, en el caso Edu, sobre cuyo sumario ya no pesa el secreto, Viedma, tras ser detenido en julio de 2014 en la segunda oleada de arrestos, explicó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargados del caso que era presidente de la Asociación Axárquica de Formación y Empleo, y afirmó que «la Junta de Andalucía dice que hay que hacer asociaciones y fundaciones para poder recibir subvenciones, así que por eso constituyen esta asociación, pero que se crea para ganar dinero sin más. Que todo esto es una mentira desde el principio».
Viedma es un viejo militante del PSOE axárquico. Los policías se quedan sorprendidos de sus palabras e insisten en el interrogatorio: «¿Quién contactó de la Junta con él para indicarle estas situaciones?». A ello, él opuso lo siguiente: «Él es miembro del Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo, y que gente del partido y de la profesión fueron los que se lo comentaron. Que uno de ellos fue Juan Carlos Lomeña, que se lo comenta como amigo. Que Juan Carlos Lomeña era delegado provincial de Empleo». La declaración se transcribe en la tradicional tercera persona de las actas de comparecencia de detenidos.
Los agentes buscan saber si los cursos se dieron y qué pasó con las subvenciones. El 10 de julio hace mucho calor en la plaza de Manuel Azaña. El detenido niega connivencia con los miembros del SAE o responsables de la Junta. «Si hubiese sido un enchufado le hubiesen dado muchos más», arguyó.
La policía resume su declaración en un informe enviado al juez: «Asegura que todo esto de las subvenciones se ha hecho por parte de la Junta para ganar dinero y nada más». Los investigadores vuelven a resumir sus palabras en otro informe: «Como militante del PSOE, miembros del partido, entre ellos Juan Carlos Lomeña como delegado provincial de Empleo, le indicaron que lo de los cursos subvencionados era para ganar mucho dinero»
«Los cursos son subcontratados entre las empresas de la asociación, que es la manera de sacarle algo de beneficio», resume la policía su declaración. Así, recibió una única inspección de la administración andaluza «antes de homologar el local. Posteriormente no recibió ninguna». Ahora, la Junta le reclama parte del dinero percibido en la subvención, «pero hasta ese momento nunca se habían puesto en contacto con él».
«Tiene la impresión de que los grandes defraudadores de todo esto no están siendo perseguidos o encontrados», aclaró. Luego, fue puesto en libertad con cargos, dado que acudió voluntariamente a declarar y allí fue arrestado.
Algunos alumnos de la asociación, dice la policía en otro informe, «han manifestado que el propio Pablo Viedma manifestaba que tenía una gran amistad con el responsable de adjudicar los cursos de formación de la Junta de Andalucía». Así, también declaró un tutor del curso «que dice que es el propio Pablo el que les dice a él y a sus compañeros que tenía relación con el consejero de Empleo de la Junta y a raíz de esta amistad le habían concedido una gran cantidad de cursos». En la época, los consejeros de Empleo fueron Antonio Fernández García y Manuel Recio.
Los investigadores añaden en otro informe contenido en el sumario, que consta de cuatro tomos y numerosos anexos, un informe que «esta empresa y las de su entorno familiar han sido especialmente agraciadas por las subvenciones entre los años 2009 y 2012, llegando a superar, por lo que este grupo ha podido comprobar, los 500.000 euros».
Los agentes de Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal reconocen en otro de los informes del caso Edu que el tiempo que lleva investigándose el asunto y la repercusión mediática han propiciado que llegue una catarata de denuncias ciudadanas por distintas vías a la Policía Nacional.
Así, tanto en el grupo madrileño como en la Comisaría Provincial de Málaga «se han recibido una serie de denuncias, por muy diversas vías: página web de la policía, en diversos blogs de internet, cartas anónimas y una serie de manifestaciones o declaraciones en relación a presuntos fraudes de formación en la provincia». En algunas de estas informaciones se da cuenta de algunas de las empresas investigadas por la resolución del 4 de noviembre de 2010 o en la anterior, de 15 de diciembre del mismo año.
