Pese a la advertencia del concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, de que es una moción "ilegal" y aprobarla puede tener "consecuencias penales y civiles" el pleno, con los votos mayoritarios de los cuatro grupos de la oposición, ha aprobado instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites para "resolver el convenio urbanístico" de Hoyo de Esparteros, donde se proyecta un hotel ideado por Rafael Moneo -en el edificio de la antigua pensión La Mundial-, "por incumplimiento de las obligaciones" recogidas en el mismo por parte del promotor.

La propuesta, firmada por el grupo de IU-Málaga para la Gente, ha concitado desde el principio el apoyo total de los otros grupos de la oposición: PSOE, Málaga Ahora y Ciudadanos. Los argumentos del portavoz de IU, Eduardo Zorrilla se centran en el "reiterado incumplimiento" del promotor de sus obligaciones económicas. Zorrilla ha asegurado que no solo no ha pagado el coste de los derechos urbanísticos que marca el convenio, que a día de hoy a causa de los intereses alcanza los 7,3 millones de euros, "sino que, además, no ha pagado un crédito con el banco, tampoco una deuda con uno de los antiguos propietarios, ni siquiera el IBI de los edificios que adquirió en la zona". Pese a esto Zorrilla ha criticado que Gestrisam haya concedido un año más al promotor para el pago de su deuda y ha defendido que "se deje sin efecto dicha prórroga". Todos los portavoces de la oposición han apoyado esta resolución del convenio como algo necesario ante un promotor "reiteradamente incumplidor" y ante lo que se plantea como un "proyecto inviable".

"No se puede dar prórroga a un incumplidor", ha señalado la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, mientras que Alejandro Carballo, de Ciudadanos ha señalado que dado que el convenio es inviable y tiene todos los visos de que el promotor no lo va a cumplir, "lo lógico es no perder más tiempo y resolverlo ya". Daniel Pérez, del PSOE, ha sido contundente: "Esto no admite ya más demora, que se resuelva ya el convenio".

El concejal de Urbanismo se ha esforzado, sin éxito, en desactivar la moción. Pomares ha dicho que su contenido "es ilegal", pues aplazarle la deuda "es un derecho tributario que tiene", a la vez que recordó que la resolución del convenio "puede ser muy perjudial para la economía municipal" ya que, según un informe jurídico salido de la Gerencia de Urbanismo, la resolución daría lugar a la expropiación de los suelos que "están valorados en unos 20 millones de euros, mucho más que los 7,4 millones que adeuda el promotor". Por ello ha concluido en que la propuesta "es ilegal y tendría consecuencias legales penales y civiles". Nada de esto ha hecho cambiar a los cuatro grupos de la oposición que impusieron la mayoría de sus votos para sacar adelante este acuerdo de resolución del convenio, un acuerdo que en este caso, dado su naturaleza urbanística, sí es competencia del pleno.