Transporte
La Junta no hará el tranvía si se opone el Ayuntamiento, pero le cobrará el sobrecoste
El consejero de Fomento advierte de que usarán los medios legales para hacer este tramo, pero si el Ayuntamiento insiste en oponerse "el metro se quedará en Atarazanas" - La Junta exigirá al Consistorio el sobrecoste por no llegar al Civil, estimado en 4 millones de euros

El consejero de Fomento, Felipe López, junto a Miguel Ángel García Cañizares, de la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía. / Álex Zea
Quedan menos de cuatro meses para que el proyecto del metro de Málaga se defina ante la oposición municipal a construir el ramal hasta el Hospital Civil. Septiembre es el mes clave para despejar el actual enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Fomento. Ésta, sin embargo, ya ha dejado clara cuál será su postura: el tramo al Civil es innegociable, pero si al final el Consistorio insiste en bloquearlo, tendrán que asumir los costes económicos, que se calculan en unos cuatro millones de euros anuales y que se sumarán a su factura, que se elevará a los 20 millones anuales.
El consejero de Fomento, Felipe López, ya ha puesto las distintas opciones sobre la mesa y ha cerrado la vía de la negociación. Reitera que el acuerdo se alcanzó en noviembre de 2013 con la firma del protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Málaga y que ésta es la única opción posible. No obstante, reconoció que en ningún caso podrán iniciar la obra si el Ayuntamiento se empeña en frenar los trabajos, obligando a dejar el metro en Atarazanas.
Ante esta situación, Felipe López reconoció que dejar en Atarazanas y renunciar al tramo al Hospital Civil es una opción que se contempla, aunque eso supondrá una reclamación económica de cuatro millones de euros anuales al Ayuntamiento, equivalente al sobrecoste por la pérdida de 3 millones de usuarios sobre el plan de viabilidad económica acordado.
Estos 4 millones de euros pueden parecer un precio pequeño, pero su cobro anual hasta 2042, cuando termine la concesión de Metro de Málaga, exigirá un desembolso acumulado de 88 millones de euros para el Ayuntamiento de Málaga. Además, se sumarán a los 16 millones de euros que tiene comprometidos anualmente para soportar la red de metro.
La factura municipal corre el riesgo de engordar demasiado, comprometiendo la capacidad financiera a medio plazo si no llega a un acuerdo. Hay que recordar que el Ayuntamiento presupuesta unos 20 millones de euros anuales para financiar la EMT. Además, queda por cerrar la financiación de los 40 millones de euros que le corresponden de su participación en la construcción del metro y el primer año y medio de gestión de la infraestructura. El consejero de Fomento advirtió de que quieren aplicar el mismo acuerdo de compensación que en Sevilla y Granada, donde hasta el 68% de la aportación municipal en la infraestructura se abonó con obras en favor de una movilidad sostenible.
Con este panorama, la reunión prevista entre el consejero de Fomento y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el próximo 20 de junio se antoja clave para definir la postura municipal, por ahora enrocada en el proyecto de autobús con plataforma reservada para sustituir el tranvía.
El Ayuntamiento aprovechó la visita ayer del consejero de Fomento para anunciar que en un inconcreto plazo de «en las próximas semanas» se entregará el primer anteproyecto de esta línea de autobús, y eso que hace dos meses defendiera su viabilidad pese a no tener ningún estudio.
Es más, pese a que la Consejería de Fomento ya ha afirmado que no acepta esta alternativa -no aporta ninguna mejora en el servicio, empeora el tiempo de viaje y ocupa lo mismo que el tranvía-, el Ayuntamiento de Málaga anunció ayer que existe un resquicio en el informe jurídico de la Junta de Andalucía que cuestiona la legalidad del encaje del metrobús en la concesión del metro.
La edil de Movilidad, Elvira Maeso, afirma que el metrobús tendría encaje jurídico en el modelo concesional del metro de Málaga y se puede acometer una modificación del modo de prestación de servicio si se justifica el «interés público». No obstante, queda por saber cómo salvar la exigencia de la concesión de que sea contratado «únicamente como transporte público ferroviario", como especifica en el contrato.
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