Los juzgados malagueños registraron 276.557 asuntos en 2016, un 37,2% menos

De cualquier forma, esta caída es superior a la experimentada por todos los órganos jurisdiccionales del país, que se sitúa en el 31,4%, cayendo hasta los 5,8 millones de asuntos.

El descenso fundamental en el caso de Málaga, que sigue la tónica de Andalucía y España, se da en la jurisdicción Penal, es decir, los casos que más alarma ciudadana generan, aunque la caída no se debe a que haya menos criminalidad, que también, sino a la reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015, por la que se dispuso que, con carácter general, los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado no se remitirán a los juzgados de Instrucción -o de Primera Instancia e Instrucción en el caso de los pueblos-, donde se resolvían de forma inmediata con un auto de archiva. Es decir, ahora ya esos atestados policiales no se contabilizan. No en vano, los asuntos en la jurisdicción Penal en la provincia han caído desde los 342.621 hasta los 185.170.

El hecho de que no se manden los atestados policiales sin autor conocido a los juzgados no quiere decir que no se investiguen, dado que la policía y la Guardia Civil continúan con las pesquisas en los casos que ven conveniente, aunque la mayor parte de ello son relativos a delitos menos graves.

Los asuntos de la jurisdicción Social también caen, pero mucho menos, desde los 12.918 asuntos a los 12.148; los casos civiles bajan en la provincia desde los 77.812 hasta las 73.247 de 2016 y los expedientes de lo Contencioso-Administrativo también descienden, desde los 6.880 de 2015 a 6.220.

De cualquier forma, y aunque los asuntos han bajado gracias al maquillaje legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la caída general de la criminalidad que se aprecia cada vez que se supera una crisis económica, los casos que continúan entrando en los juzgados costasoleños son de una gran entidad, muchos de ellos macroprocesos con numerosos imputados y miles de folios de sumario que hacen que las Salas de lo Penal de la Audiencia Provincial estén al borde del colapso.

Asimismo, en el ámbito civil, los jueces de los Juzgado de Primera Instancia de la capital se quejaron recientemente de la intención del Consejo General del Poder Judicial de orquestar un plan de choque contra las cláusulas suelo consistente en especializar uno o varios juzgados de la capital en este asunto, previendo la avalancha de demandas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a eliminar la limitación de los pagos. Si esas medidas se llevaban a cabo sin más medios, estarían abocadas al fracaso, dijeron los togados, que pidieron directamente la creación de órganos bis con su propio personal.

Por otro lado, el número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales andaluces en 2016 fue de 1.245.459, lo que supone una disminución del 31,1% respecto al año anterior, informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El informe revela también que, en 2016, se resolvieron un total de 1.287.005 asuntos y que, a final de año, quedaban en trámite 494.037, lo que representa una reducción del 4,8% respecto a los que estaban en esa situación al inicio del periodo estudiado.

Asimismo, en 2016, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 124,9 asuntos por cada mil habitantes. La comunidad que registró una mayor tasa de litigiosidad fue Canarias, con 158,7 asuntos por cada mil habitantes, seguida por Andalucía, con 145,5. Les siguieron, también superando la media nacional, Illes Balears (135,2), Murcia (128,9), la Comunidad Valenciana (127,9), Cantabria (125,2) y Madrid (125,1).

En el otro extremo aparece La Rioja, con 84,4 asuntos por cada mil habitantes, la tasa de litigiosidad más baja de todo el país.