Puede que usted no los conozca, pero quien entra en contacto con ellos sólo tiene buenas palabras. Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento despliegan todo un abanico asistencial para ayudar a las familias a hacer frente a malas rachas puntuales o a situaciones crónicas, siempre con el fin de que vuelvan a ganar su autonomía y estabilidad. «Queremos que vivan por sus propios medios, no que la situación sea de cronicidad», explica José Antonio Jiménez Soto, trabajador social que trabaja en la coordinación del departamento. Así, sólo dos números pueden dar una idea aproximada al trabajo de estos profesionales: el Ayuntamiento de Málaga otorgó 6.706 prestaciones económicas por más de 5,4 millones de euros en 2017 a familias malagueñas que necesitaron puntualmente o de forma permanente, al menos durante un tiempo, cubrir sus necesidades básicas.

Esta concepción abierta de lo que son, en puridad, prestaciones por necesidades básicas se empezó a implementar a raíz del Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales Comunitarios (publicado en el BOP el 22 de enero de 2015). Hay un aspecto vital para entender el trabajo del Área de Derechos Sociales, de la que dependen los Servicios Sociales Comunitarios, y que dirige el concejal Raúl Jiménez, como explica Jiménez Soto. La directora del Área es Ruth Sarabia. «El Ayuntamiento ha sido pionero en Andalucía al extender las necesidades básicas a su máxima expresión», señala. Lo que el común de la gente entiende como necesidad básica suele ser ropa, calzado, comida e higiene, pero en este caso se han dado ayudas (que pueden consistir en una mensualidad o en una suma puntual y finalista), por ejemplo, para que un vendedor ambulante pudiera arreglar su furgoneta porque era su medio de transporte o si a una familia se le incendia la casa, que pueda pasar un periodo de tiempo determinado, hasta un mes en un hotel, o la compra de electrodomésticos básicos, por ejemplo un frigorífico o una lavadora, o el pago de suministros o la reforma de una vivienda para que sea accesible. La casuística es casi inacabable y los servicios que prestan estos profesionales, inabarcables, aunque en esta pieza nos vamos a centrar en las ayudas a necesidades básicas.

También hay otros soportes que no son económicos, sino de recursos como la ayuda a domicilio, los acompañamientos sociales, la coordinación con los demás sistemas de protección social, la atención inmediata a emergencias y urgencias sociales o las acciones preventivas y de desarrollo comunitario. Aquí también se tramita el acceso al sistema de dependencia mediante la formación y la orientación y la recogida de la solicitud, la realización del programa individualizado de atención (PIA) para el acceso a los servicios y prestaciones del sistema de dependencia en Andalucía, el acceso a la ayuda a domicilio para personas no dependientes, la información sobre el acceso a la Renta Mínima en la comunidad y el proyecto de inserción social para perceptores de renta para su inserción sociolaboral.

María Auxiliadora Martínez Moreno es jefa de servicio de Acción Comunitaria y Dependencia del Área de Derechos Sociales. Sonriente y solícita, señala que el hecho de tramitar el tema de la dependencia ha hecho visibles a los Servicios Sociales Comunitarios, porque no sólo acuden personas en riesgo de exclusión, sino todo tipo de familias. «Hemos estado siempre, los Servicios Sociales han estado siempre, porque ofrecemos recursos para toda la ciudadanía, no sólo para quienes están en exclusión social; un momento importante fue la incorporación de la dependencia, porque cualquier persona puede tener en su familia una persona dependiente» y el trámite, explica, comienza aquí, aunque luego pasa a la Junta de Andalucía en un complejo itinerario administrativo para volver finalmente al Consistorio, aunque las ayudas no las paga el municipio, sino que son las comunidades previo traspaso de fondos del Estado. Además, indica, hay doce centros en los 11 distritos malagueños que atendieron el año pasado 62.967 peticiones de información (una atención puede ser simplemente una petición de información, aunque en personas son 35.858).

En cuanto a las prestaciones propias del Ayuntamiento, recogidas en un reglamento, se encuentra la Económica de Apoyo a la Convivencia y la Autonomía para atender necesidades coyunturales que desestabilizan a la familia o de convivencia con una finalidad preventiva: impagos al alquiler, para evitar deudas que puedan provocar la salida del hogar familiar; apoyo al nuevo alquiler, si el actual es elevado y se requiere otra casa que se adapte a las necesidades familiares; atención a las necesidades básicas (ropa, comida, productos de higiene y hogar, etcétera€); carencias no cronificadas para el acceso a mantener los suministros energéticos básicos (luz, agua y gas), mediante el pago de recibos; inserción sociolaboral (pago para acceder a formación reglada, carné de conducir, etcétera€), mobiliario básico (sofá, muebles, electrodomésticos, mesas, sillas); pequeñas reformas del hogar, tratamientos sanitarios prescritos no financiados por la Junta, prótesis, etcétera -un máximo de 1.600 euros-).

Luego está la prestación económica de inserción social, que lleva aparejada un plan de intervención social individualizado, donde por ambas partes se acuerda en qué déficits se va a trabajar para conseguir un desarrollo normalizado. Las finalidades de la prestación se negocian y se ponen por escrito. Se abona de forma mensual para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. En tercer lugar, hay prestaciones de emergencia social, cuyo importe no podrá ser superior a 2.000 euros. Nuevo alquiler, hasta cuatro meses; gastos de hospedaje de un mes en un hotel; centros residenciales (alojamiento y desplazamiento, cubre hasta tres meses de alojamiento, no pudiendo superar los 3.000 euros); prevención de desalojos domiciliarios por deudas vinculadas al mantenimiento de la vivienda, o pérdida o grave daño al hogar. La reparación de la vivienda habitual o la adquisición de mobiliario básico y enseres personales. También se da cobertura a las necesidades mínimas viales de especial emergencia social, previa justificación del trabajador social, que no podrá superar los 3.000 euros. También hay ayudas económicas preventivas a familias con menores a su cargo para cubrir lo básico en la vida de estos (alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal, higiene doméstica, leche de continuidad, medicamentos, pañales, material escolar no financiado, etcétera...).