La Delegación especial de Andalucía, en concreto la Dependencia regional de recaudación, requirió el 4 de junio pasado al Ayuntamiento de Málaga el abono de 300.000 euros de sanción impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el 18 de febrero de 2010 por ofrecer conexión wifi gratis sin registrarse como operador, tal y como establece la ley, según una respuesta del equipo de gobierno a una pregunta de IU-MpG. Ante este requerimiento, y agotada ya la prolongada vía judicial, el Consistorio alegó que la sanción impuesta estaba ya extinguida al encontrarse «sobradamente prescrita».

El Consistorio malagueño considera que la multa pudo ser exigida desde enero de 2010, sin que hasta el 4 de junio pasado hubiera recibido el Consistorio «ninguna intimación al respecto». «Debe recordarse en este sentido que el artículo 57.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de Telecomunicaciones, conforme a la que se impuso la sanción, establecía que las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirían a los tres años». Por otro lado, y en relación a las costas causadas por el proceso judicial, los diferentes recursos contencioso-administrativos ante las diferentes instancias, según el Consistorio, no contienen condena alguna en costas, contesta el Ayuntamiento a IU-MpG. En cuanto a los gastos jurídicos, la dirección letrada de todos los procedimientos antes reseñados ha correspondido a la Asesoría Jurídica Municipal, añaden, por lo que los gastos devengados por procuradores son de 2.364,75 euros.

Explica IU-MpG en una batería de preguntas efectuada en 2018, que la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada por el PP, «instauró un régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones». Esta norma impide, consideras, a los ayuntamientos, como organismos públicos, ofrecer wifi gratis sin límites si no se inscriben como «operadores de telecomunicaciones, ni financiar este servicio con impuestos, pues considera que el acceso a internet no puede ser gratis para los ciudadanos, ya que si un ayuntamiento instala una red wifi gratuita en una zona en la que los operadores privados han realizado sus inversiones y ofrecen servicios se infringen las reglas de libre mercado».

La elevada sanción puso en evidencia en aquel momento un error administrativo «muy grave». «Nuestro grupo es partidario del uso gratuito del wifi y del acceso universal a internet, creemos que el desbarajuste del equipo de gobierno no lo tienen por qué pagar los ciudadanos, existen unos requisitos que cumplir que fueron impulsados y aprobados por el PP». En su día, en los años 2007 y 2008, el PP prometió wifi gratis en torno a los edificios municipales. «Es incomprensible que no se cumpliera con el requisito legal para poder otorgar en varias zonas de la capital conexión gratis a internet con las limitaciones oportunas, como se hace en otras ciudades: por ejemplo Zaragoza, que multiplica este año por diez los puntos de acceso a su red municipal, hasta 500, y llegará a todos los barrios de la capital aragonesa; o Avilés y su red wifi gratuita Wiloc, asesorados por Gowex, que ofrece internet gratis, «genera beneficios para el Consistorio e involucra al pequeño comerciante en su cobertura».