El equipo de gobierno del nuevo mandato 2019/2023 ha puesto la directa para tener, cuanto antes, el presupuesto de este ejercicio, que ya se quedó hecho hace unos meses pero que no salió adelante después de que Ciudadanos rompiera el pacto de investidura tras ser investigados judicialmente dos ediles del PP, de los que uno, Teresa Porras, ha visto archivado el caso Villas del Arenal. La idea, según fuentes del equipo de gobierno, es contar en el mes de julio con las cuentas municipales. «Estamos acelerando pasos para acortar plazos y aprobarlo cuanto antes», aseguraron las fuentes, que añadieron que lo básico es contar con las cuentas en el mes de julio, para lo que deberá convocarse una comisión de pleno de esta materia y el posterior pleno.
Eso sí, este jueves ya se han convocado hasta seis consejos extraordinarios de diferentes empresas municipales con el fin de darle el visto bueno a sus respectivos presupuestos de 2019 y también para aprobar la composición de sus directivas. Así, mañana habrá consejos extraordinarios de Más Cerca, Parcemasa, Gestrisam, EMT, el CEMI y la Sociedad Municipal de Vivienda, en lo que el equipo de gobierno señala como una aceleración evidente de los ritmos administrativos con el fin de contar con cuentas y no prorrogar las de 2018.
En principio, no parece que haya problemas para que estas salgan adelante, dado que a los catorce concejales del PP se suman los dos de Ciudadanos (Noelia Losada, integrada en el equipo de gobierno, y Juan Cassá) en virtud del pacto de gobierno de coalición firmado por ambos partidos que, precisamente, en el documento rubricado ya dejaban claro la necesidad de que la capital de la Costa del Sol contara con un presupuesto lo antes posible.
Los anteriores presupuestos fueron presentados en abril de 2018 y aumentaban la inversión un 22%, además de subir la asignación a Limasa a 97,5 millones de euros. Las grandes cifras eran: 790 millones de euros de gasto, un 5,51% más que en 2017, 41,2 millones de euros más, y 791,5 millones de euros en ingresos. El alcalde aseguró que no había más impuestos.
La partida para Limasa, fundamentalmente para renovar la flota, ascendió a los 97,5 millones, un 1,46% más. También se reservaba una partida para estudiar la viabilidad del modelo híbrido. A gasto social se destinaron 101,3 millones de euros, un 22,5% más que en 2017. Entre otras partidas, se incrementaba la ayuda a domicilio para dependientes a 24 millones de euros.
Los barrios gestionaron directamente, a través de sus juntas municipales y según estaba previsto, 10,3 millones de euros, lo que suponía un incremento de 1,5 millones de euros con respecto a 2017. El regidor defendió -tras el trabajo de zapa y lima que hizo el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde- que el ahorro fiscal para los malagueños en 2018 sería de 12 millones de euros con reducciones de tributos y bonificaciones como ayudas al IBI (con una ayuda media de 126 euros). De la Torre subrayó que el nivel de endeudamiento, gracias al plan de ajuste, bajó a finales de año al 74,34%, desde el 110% de 2013. Además, otro de los ejes de las cuentas era seguir pagando a los proveedores en 14 días, una de las grandes capitales que más rápido lo hace.
En las cuentas de 2019, al no contar con plan de ajuste alguno el Consistorio, la capacidad inversora municipal será mayor.
