Tres personas de origen chino han sido detenidas en Málaga en una operación contra un taller de costura clandestino en el que una docena de trabajadores de la misma nacionalidad desarrollaban su labor en condiciones infrahumanas. La investigación de la Policía Nacional ha revelado que las víctimas vivían hacinadas en el lugar de trabajo, una superficie que ni reunía las mínimas garantías de seguridad e higiene ni respetaba las normas sanitarias de la Covid-19. Según fuentes cercanas al caso, las víctimas protagonizaban jornadas maratonianas de hasta 15 horas que se extendían los siete días de la semana. A los arrestados se les considera presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Una información anónima sobre la existencia del taller que la Policía Local hizo llegar a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Comisaría de Málaga permitió iniciar la investigación. Los agentes acreditaron rápidamente la existencia del local en los bajos de una vivienda de la zona oeste. Las fuentes apuntaron que los empleados cubrían un horario que iba desde las 8.00 horas de la mañana hasta las 23.00 de la noche y sin descanso los fines de semana.

El local, donde las víctimas vivían hacinadas, carecía de las mínimas condiciones laborales de salubridad y no se respetaban las normas sanitarias de la Covid-19. Para dar apariencia de legalidad, la red contaba con un taller de costura con todos sus permisos y requisitos legales y con trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, en una zona próxima contaban con el establecimiento encubierto que permitía incrementar el volumen de producción rebajando costes al mínimo sin cumplir con la normativa laboral y de extranjería.

La investigación culminó con dos entradas y registros autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga y la detención de tres ciudadanos chinos -dos hombres y una mujer de entre 43 y 52 años- por su presunta responsabilidad en la trama. Los detenidos contaban con numerosos antecedentes por delitos contra los derechos de los trabajadores, interviniéndose diversa documentación y comprobándose la existencia de más de 100.000 euros en efectivo y en cuentas bancarias a su nombre. La Inspección de Trabajo también ha participado en las actuaciones.