Málaga repone casi todo su censo empresarial tras dos años de Covid pero siguen las dudas de la liquidez

Dos años después de iniciada la pandemia, Málaga ha recuperado ya prácticamente todo el censo de empresas que manejaba antes de la irrupción del coronavirus aunque la delicada e incierta coyuntura económica, marcada actualmente por la invasión rusa de Ucrania y la elevadísima inflación (un 10,1% interanual en el caso de la provincia a cierre de marzo), mantienen la incertidumbre sobre las expectativas y el ritmo de la esperada recuperación en este 2022, recuerdan a este periódico tanto la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) como el Colegio de Economistas de la provincia. De momento, Málaga cuenta con casi 55.500 compañías de alta en la Seguridad Social, un volumen que roza las 56.000 que se alcanzaban en la prepandemia y que deja ya muy atrás aquellos duros momentos del confinamiento y el estado de alarma, cuando el total cayó durante algunos meses por debajo de las 50.000.

«Es clave que las empresas ganen tiempo. Estamos en un año clave, y lo que parecía que iba ser un escenario de recuperación progresiva se ha visto alterado por la guerra y por la subida de los precios del combustible, que ha acrecentado los problemas de inflación. Las empresas siguen pasando por muchas dificultades en su día a día. Ahora mismo no sabemos cómo evolucionará la economía, aunque las previsiones de la campaña turística sean buenas», afirma la vicepresidenta ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez.

Una de las grandes preocupaciones en los últimos meses era la devolución de los préstamos ICO, que han inyectado durante la pandemia una notable dosis de liquidez a las empresas y que había que empezar a devolver en abril. El Gobierno ha decidido, sin embargo, aprobar un nuevo periodo de carencia de seis meses, lo que supone un balón de oxígeno para el tejido productivo. El tema no era baladí, ya que según los últimos datos oficiales, los avales del ICO movilizados para paliar el impacto del Covid han llegado en este tiempo a más de 21.600 empresas y autónomos de Málaga a través de 33.585 operaciones de financiación. Además, 3.600 se han acogido a una línea adicional de avales para inversión y actividad a través de otras 4.500 operaciones. La financiación global lograda por las empresas malagueñas a través de estos instrumentos roza así los 3.300 millones de euros, de los que el 78% ha sido avalado por el Gobierno con el ICO.

«La ampliación de seis meses en el periodo de carencia era una demanda generalizada del empresariado, sobre todo teniendo en cuenta que los que han recibido estos avales del ICO han sido en un 90% pymes y autónomos, es decir, pequeños negocios que necesitan tiempo para que la recuperación económica se deje notar en una mejora de su actividad, y puedan estar así en disposición de empezar a devolver estos préstamos», comenta Sánchez.

El Consejo de Ministros ha aprobado además una nueva línea de créditos ICO de 10.000 millones, y ha rebajado los requisitos para la extensión de vencimientos dentro del Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, con el que se intenta blindar el impacto económico del conflicto en el tejido productivo. Se establece también la obligatoriedad para los bancos de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

El fin de la moratoria concursal

Otro momento clave del ejercicio llegará el 30 de junio, cuando expira la moratoria que concedió el Gobierno para que las empresas con problemas de viabilidad pudieran explorar otras opciones antes de declararse en concurso de acreedores. La moratoria ha evitado hasta el momento que muchos negocios en dificultades haya entrado en la quiebra, y estaba pensada para dar más tiempo a las empresas viables para encontrar liquidez y negociar o renegociar su deuda. Ahora que acaba, nadie sabe cuál serán la consecuencia exacta. «Hay incertidumbre sobre lo que pasará entonces. Será una situación de riesgo para algunas empresas, aunque queremos pensar en positivo», explica Sánchez.

Más pesimista en este apartado se muestra el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, que teme una «cascada de quiebras» una vez expire la moratoria, que coincidirá además con la entrada en vigor de la reforma de la nueva Ley Concursal, actualmente en proyecto.

«Hay muchas empresas de las denominadas zombies, porque realmente están muertas, con muchas deudas y sin actividad, pero que se han mantenido activas con la moratoria», señala Robles, que cree que la cifra de firmas que entrarán a concurso en Málaga este año superará de largo las del año anterior (fueron 165, el dato más alto de los últimos seis ejercicios).

Como presagio, Robles dice que ya se está percibiendo un aumento de los empresarios físicos (autónomos) que están acudiendo al concurso en estos primeros meses de 2022. El motivo es que prefieren acogerse a las directrices de la actual normativa, que es más favorable en lo relativo a la posibilidad de reducir las deudas con organismos públicos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, y no esperar a que entre en vigor la nueva.

La mitad de firmas de restauración podría estar en riesgo de impago

El 49% de las empresas de restauración en España presenta un nivel elevado de riesgo de impago, mientras que un 35% se encuentra en un nivel moderado, según Crédito y Caución. En concreto, el análisis agregado de más de 72.000 cuentas oficiales presentadas por el sector muestra el impacto de la pandemia en 2020, cuando sufrieron una caída del 47% de la cifra de negocio. El ratio de apalancamiento ha crecido desde entonces a niveles que no se veían desde 2012 sin mejorar la calidad de la deuda: el 48% es de corto plazo. Madrid (15%) y Barcelona (14%) son las provincias con más empresas de restauración seguidas de Baleares (7%), Málaga (6%), Alicante (5%) y Valencia (5%). El informe también revela que es un sector de gran atomización: apenas un 2% son medianas empresas, mientras que el 26% está formado por pequeñas empresas y el 72% por microempresas.

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