El sector hotelero andaluz muestra «su oposición frontal» a la aplicación de una tasa turística

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha reiterado «su oposición frontal» a la tasa turística, toda vez que han calificado de asunto «verdaderamente machacón y cansino» la posición de los ayuntamientos que están a favor de la aplicación de la misma.

Así lo indicó en una nota de prensa, en la que la Federación ha recordado que en el mes de julio, el sector puso de manifiesto su posición calificando el debate iniciado por sólo dos ayuntamientos de los 785 que existen en nuestra comunidad autónoma como «una ocurrencia repetitiva y poco seria». No obstante, añadió que viendo que estos «ni siquiera respetan su compromiso de que si el sector no estaba de acuerdo con esta propuesta abandonarían la idea de aplicar este impuesto», de nuevo este se ve obligado a salir a la palestra para dejar clara la postura del conjunto de los hoteles y establecimientos turísticos de Andalucía al respecto.

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«Reiteramos que, como bien reconocen dichos ayuntamientos esta es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, por lo que afectaría al conjunto de todos los municipios andaluces, cuestión esta, que obliga a debatir el asunto desde una perspectiva que supera el ámbito local y necesariamente contar con los legítimos representantes del sector a nivel andaluz, cuestión esta, que simplemente no ha ocurrido», señaló Fahat.

«Incidimos y aclaramos que denominar a esta idea como ‘tasa turística’ no es más que un eufemismo ya que se trata de un simple ‘impuesto’»

De nuevo, añadieron, «incidimos y aclaramos que denominar a esta idea como ‘tasa turística’ no es más que un eufemismo ya que se trata de un simple ‘impuesto’», y aseguraron que denominarlo ‘tasa’ «persigue crear confusión y obviar la verdadera naturaleza de esta medida, que no es otra que el desmedido afán recaudatorio de la administración en general y de la administración municipal en concreto».

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Corregir déficits de financiación

Por otra parte, la Federación asegura que el supuesto sentido finalista al que permanentemente se alude de este impuesto «nunca se cumple al 100%, destinándose una gran parte a corregir déficits de financiación en otros servicios públicos u otras parcelas de intervención de las administraciones públicas y además es imposible de fiscalizar (experiencia adquirida de la aplicación en otras comunidades autónomas donde la realidad es que jamás se ha hecho un retorno efectivo al sector)».

A pesar de ser, por tanto, un impuesto conceptualmente finalista, su adopción «tiene algunos riesgos relacionados con su extensión», señaló Fahat, que cree que este riesgo consiste en que se generalice la idea de que para mejorar determinadas infraestructuras que son necesarias para el correcto desarrollo de los servicios «puede siempre implantarse un impuesto adicional relacionado con ese servicio».