Vivienda social a la espera de inquilino en La Noria

En 2007, La Opinión se hacía eco de las quejas vecinales por la falta de control de la Junta -por entonces en la etapa socialista-, de las viviendas sociales en La Noria, en Churriana. Por entonces se producía reventa ilegal de viviendas, lo que había aumentado la venta de droga en el barrio, hasta el punto de que un vecino ironizaba con que tendría que poner un cartel informando de que en su casa no se vendía, pues lo despertaban ‘clientes’ por error. 

El control policial ha propiciado que las aguas vuelvan a su cauce. En los últimos años han sido varias las intervenciones para desmantelar puntos de droga en La Noria. Una de ellas, cuenta un vecino que prefiere no dar su nombre, desarboló el punto «número uno» hace tres o cuatro años, calcula. La Policía Nacional detuvo al traficante y la vivienda, en régimen de alquiler y a cargo de la agencia autonómica AVRA, fue clausurada, destaca. 

Se encuentra en la calle Gonzalo de Ayora,20 y, denuncian los vecinos, sigue abandonada. «¿Ahora qué hacen los vecinos, pues aunque haya contenedores cerca tiran ahí la basura», comenta, al tiempo que señala el patio delantero de la casa. 

A la suciedad y el abandono hay que sumar la preocupación por su destino. Los vecinos temen que termine siendo ocupada de forma ilegal y en La Noria se encuentren con un problema peor y un largo proceso de desahucio por parte de la Junta. «Hablo con un técnico de la Junta, me dice que toma nota pero eso es todo», lamenta.

A su juicio, ha pasado suficiente tiempo para que se revierta la situación: «La Junta lo que tiene que hacer es limpiar la casa, prepararla y llamar al siguiente en la lista», señala, a tiempo que calcula que el próximo inquilino pagaría unos 60 euros de alquiler. 

«Con la falta que hay de viviendas sociales, la Junta podía contar con esta casa; son cosas que no entiendo» señala Inmaculada Viñolo, presidenta de la Asociación de Vecinos Arcusves de Churriana. 

Respuesta de AVRA

El gerente de AVRA, Juan Jesús Bernal, informó ayer a La Opinión de que en la vivienda en cuestión se localizó droga y marihuana y que la familia inquilina fue expulsada por la Junta.

Sin embargo, lamentó, fue vandalizada cuando iba a repararse, con lo que se superó la cuantía de 15.000 euros de un contrato menor.

Reformulado el contrato, Bernal confió en que las obras empiecen «en nada, la semana que viene» y que la casa pueda estar pronto a disposición de otro inquilino.

Suscríbete para seguir leyendo