Desarticulada una plataforma de televisión pirata con más de 18.000 clientes

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada la distribución fraudulenta de contenido audiovisual en España en una operación que suma ocho detenidos en cuatro provincias, uno de ellos en Málaga. El resto de detenciones se han producido en Alicante (3), Valladolid (3) y Sevilla (1).

La organización contaba con un alto grado de especialización tecnológica que les permitía administrar de manera remota a los clientes que contrataban contenido deportivo. "Más de 18.300 personas habrían contratado estos servicios que eran gestionados desde centros operativos en las provincias de Alicante y Sevilla", ha explicado la Dirección General de la Policía. A los arrestados se les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la propiedad intelectual.

La investigación comenzó en febrero de 2022, fecha en la que se detectó a la organización distribuyendo contenido multimedia fraudulento desde dos centros operativos a través de IPTV (Internet Protocol Television), un sistema que permite acceder a películas, series y eventos deportivos a un precio muy inferior al de mercado a través de aplicaciones fraudulentas en tvBox, smartTVs y smartphones.

Las pesquisas revelaron que la organización ofertaba los servicios ilegales a través de una empresa de consultoría de telecomunicaciones que contaba "con una sólida estructura de marketing" a su servicio. Los integrantes se encontraban en las provincias de Málaga, Alicante y Valladolid y su función era comercializar los servicios fraudulentos, maximizando el número de clientes potenciales a obtener y por consiguiente un grave perjuicio económico a los principales perjudicados de este tipo de actividades ilícitas.

Más de 18.300 clientes

La policía ha explicado que el perjuicio económico lo sufrían los titulares de los derechos de difusión del contenido multimedia que difunden. En este sentido, recuerdan que tanto los miembros de la organización como las personas que contratan los servicios fraudulentos investigados son una parte activa a la hora de ocasionar daños a los principales perjudicados de estas actividades. El lucro cesante, las ganancias que los perjudicados dejan de percibir como consecuencia de las actividades delictivas han sido estimadas en 366.250.000 euros.

Finalmente, la investigación culminó con cuatro entradas y registros en Málaga, Alicante, Valladolid y Sevilla, dos de ellas en los centros operativos donde gestionaban toda la infraestructura informática que les permitía proveer del acceso ilegal a contenido multimedia de pago a más de 18.300 clientes. Durante los registros se ha intervenido numeroso material informático como ordenadores, tablets, smartphones y dispositivos de almacenamiento.