El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 32.300 hogares malagueños

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza a 32.372 hogares y a un total de 91.590 personas en Málaga desde su puesta en marcha en junio de 2020 y hasta el mes de noviembre, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al perfil de los beneficiarios en la provincia, el 72,74% de los titulares de la prestación son mujeres, 23.564, frente a 8.844 hombres. En total, la prestación ha llegado a 50.444 mujeres y a 41.123 hombres en Málaga.

De los 91.590 beneficiarios de este complemento de ayuda aprobada por el Gobierno, 52.568 son adultos y 39.022 menores. Por tipo de hogar, son mayoría aquellos en los que al menos un menor figura entre los beneficiarios, concretamente el 68% de las familias que cuentan con expedientes aprobados, 21.801 de los 32.372 hogares en términos absolutos.

Además, 19.205 familias de la provincia reciben el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), una ayuda que entró en vigor en enero de 2022 y que supone 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; 80,50 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y 57,50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. En España, en total, esta prestación llega a 438.300 familias.

A inicios de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, que refuerza el conjunto de políticas que componen el IMV y que se orienta a que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o aumente el número de horas de empleo, en el caso de que ya esté trabajando, vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se va atenuando a medida que los rendimientos del trabajo aumentan. El incentivo se calcula de oficio cuando se revisa el IMV, en el supuesto de que haya cambios en los ingresos del trabajo del perceptor.

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2022 el Real Decreto por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación, que incentiva a los perceptores a conseguir empleo o, en caso de ya tenerlo, a aumentar el número de horas trabajadas, garantizando que su renta disponible será siempre superior a la que tendrían si no hubiesen dado ese paso.