Los empresarios dicen que la «inestabilidad política» es el principal riesgo para 2024

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) describe para este 2024 recién estrenado un retroceso de las expectativas del tejido productivo andaluz sobre la evolución de la coyuntura económica, con la inestabilidad política como «principal amenaza», según el Barómetro de Percepción de la Empresa Andaluza publicado ayer por esta patronal, a la que pertenece la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). Un 75,2% de los encuestados la señala como principal riesgo para su actividad, seguido de la inflación (66,8%) y de la subida de tipos de interés (53%).

El sondeo apunta igualmente al entorno internacional (29,1%) y a las dificultades para contratar nuevos perfiles profesionales acordes a las necesidades actuales del mercado (24%) como factores que erosionan la competitividad de las empresas andaluzas.

La quinta edición del barómetro de la CEA evidencia que las empresas perciben «peor lo más lejano». «Consideran mejor su propia situación que la del sector en el que operan, así como es mejor su percepción de la región respecto al ámbito nacional», apunta. De este modo, para el 43% de los encuestados, la situación de la economía en España es ‘mala o muy mala’.

Esa misma percepción sobre la situación en Andalucía la comparte un 21,4% de empresas. Cerca de la mitad de las empresas andaluzas (49,2%) califica la situación de la economía regional como ‘regular’; mientras que para un 29,4% es ‘buena o muy buena’. Un 42% de los encuestados considera que la situación en la región empeorará a un año vista; un 69% opina que la economía en España irá a peor en el próximo año.

Respecto a su propia situación económica, más de la mitad de las empresas (57,7%) la definen como ‘buena o muy buena’, frente a un 33,2% que la califica de ‘regular’, y un 9,1% que habla de una ‘mala o muy mala’ situación. Sólo una de cada cinco espera que su situación empeore a un año vista.

El entorno institucional tiene un apartado propio en el barómetro, en el que «la regulación y la planificación económica, la fiscalidad y la burocracia administrativa» son percibidas como obstáculos para el desarrollo de las actividades empresariales. Así, empeora ligeramente la percepción sobre el funcionamiento de las administraciones en relación con las empresas, si bien esta dinámica se focaliza en el ámbito nacional: el 67,4% cree que la Administración del Estado ha empeorado (para un 6% mejora), frente a la mejora relativa de la percepción sobre la Administración autonómica (para el 32,7% mejora; según otro 17,3%, ha empeorado).

El fomento de la eficiencia energética y el apoyo a la internacionalización son, en política económica general, los aspectos mejor valorados. En el extremo opuesto, el tratamiento fiscal y la reforma del mercado laboral. Dentro de las prioridades para el fomento de la actividad, los encuestados insisten en «el necesario aumento de la agilidad administrativa» y en la reducción de las cargas fiscales y laborales que soportan las empresas.

El sondeo contempla otros apartados sobre factores internos, en los que las empresas ligan su competitividad a la reputación de su marca, a la diferenciación de sus productos y a la cualificación de sus plantillas.