En virtud de las competencias ejercidas durante este periodo extraordinario, la Junta elaboró el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ha sido entregado al Ayuntamiento para su tramitación. Este documento, dirigido a restaurar la seguridad jurídica y urbanística en la ciudad, propone proteger y excluir de la edificación el 40,5% de la superficie total de municipio (117 millones de metros cuadrados), quedando el 59,5% como suelo urbano o urbanizable, lo que supondrá añadir 15,8 millones de metros cuadrados a los 50,7 que actualmente componen el suelo urbanizable de Marbella, con un crecimiento propuesto del 31,2%.
Según informó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, con la devolución de las competencias urbanísticas y la remisión del Ayuntamiento de un "magnífico" nuevo PGOU, la Junta no sólo ha "cumplido con su obligación y sus compromisos", sino que ha demostrado que "otra Marbella es posible". Para lograr este objetivo, Cervera destacó que "ahora corresponde tomar las iniciativas oportunas" a la nuevo gobierno municipal que lidera la popular Ángeles Muñoz, a la que ofreció la "total colaboración" en esta nueva etapa.
Según la Junta, su propuesta de PGOU recoge un modelo de calidad similar al de las grandes ciudades europeas en materia de equipamientos, servicios, zonas verdes y espacios libres. El objetivo es alcanzar los 60 metros cuadrados de zonas verdes y los 20 de equipamientos por habitante (en este último caso, cuatro puntos por encima de la media europea de referencia). De este modo, los espacios libres crecerán de 1,2 a 3,8 millones de metros cuadrados, mientras que el sistema de equipamientos lo hará de 0,85 a 2,35.
27.643 NUEVAS VIVIENDAS, UN TERCIO PROTEGIDAS
El documento elaborado por la Oficina de Planeamiento propone también la construcción de 27.643 nuevas viviendas, de las cuales 10.178 (el 36,8%) contarán con algún régimen de protección y precios asequibles. Además, incluye la reforma de otras 8.802 a través del programa del Área de Rehabilitación Concertada aprobado para el centro de Marbella y diversas barriadas. Asimismo, se desarrollará un sistema de incentivos con el fin de sacar al mercado de alquiler parte de las 8.858 viviendas actualmente desocupadas.
Otro aspecto destacado es el modelo de movilidad sostenible sobre la base del Ferrocarril de la Costa del Sol (que contará con seis estaciones en el municipio) y la creación de 150 kilómetros de carriles-bici. Para la red viaria se proponen nuevas conexiones entre la autopista AP-7 y la Autovía del Mediterráneo A7, el soterramiento de la travesía urbana de San Pedro de Alcántara y la creación de diversos ejes internos de distribución urbana.
En lo relativo a infraestructuras para actividades económicas, el documento recoge la previsión de destinar más de un millón de metros cuadrados edificados para espacios tecnológicos, así como 131.726 para 3.800 nuevas plazas hoteleras con categoría mínima de cuatro estrellas. Las propuestas en este ámbito se completan con la ampliación de los puertos deportivos de San Pedro de Alcántara, Marina de La Bajadilla y Puerto Banús.
El PGOU elaborado por la Oficina de Planeamiento y entregado al Ayuntamiento de Marbella se calcula que podría generar unas inversiones totales de 2.250 millones de euros y 60.000 puestos de trabajo.
NORMALIZACIÓN
Respecto a las 18.000 viviendas que han sido normalizadas, su canje por terrenos donde los promotores tenían previsto edificar supondrá la recuperación para la ciudad de un total de 1,9 millones de metros cuadrados que se destinarán a equipamientos, zonas verdes y otras dotaciones.
De este proceso de normalización se han excluido 752 (la mitad de ellas ocupadas) y dos edificios hoteleros "por vulneración de la legislación básica de protección del litoral y por ubicación en zonas inundables", entre otras causas. Para estos inmuebles se propone la demolición, "medida que en todo caso deberá ser adoptada por un juez", según precisó Cervera.
El portavoz resaltó igualmente que, con anterioridad a la asunción excepcional de las competencias en materia de urbanismo, la Junta desarrolló durante años una "intensa labor" en defensa de la legalidad urbanística, que se tradujo en 389 impugnaciones de licencias urbanísticas, 91 actos de suspensión por órganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscalía por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspección urbanística, 250 requerimientos para la incoación de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisión de oficio de licencias concedidas irregularmente. Las impugnaciones de la Junta y las suspensiones cautelares dictadas por los tribunales de Justicia consiguieron evitar la construcción de 11.368 viviendas ilegales.
