El tripartito llevará a los tribunales a nueve altos cargos de confianza del PP

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella va a llevar a los tribunales a diversos cargos de confianza nombrados por el anterior gobierno municipal del Partido Popular que quieren mantenerse en el Consistorio a pesar de que la formación política que los nombró ya no gobierna en la ciudad.

Se trata de nueve cargos de confianza que fueron nombrados por el gobierno que presidía en su día Ángeles Muñoz, con sueldos de entre 45.000 y 60.000 euros, algunos incluso por encima del alcalde de Marbella, José Bernal (que gana unos 53.000 euros al año), para desempeñar puestos de alta dirección en diferentes empresas y departamentos del Consistorio, en el gabinete de prensa, la televisión municipal, industria, servicios operativos, transportes, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella o en el organismo autónomo local Arte y Cultura de Marbella.

«Los cargos de confianza son profesionales que son contratados por los equipos de gobierno para desempeñar tareas de la más absoluta confianza de un equipo de gobierno, sin ningún tipo de proceso de selección, a diferencia del resto de las contrataciones de la función pública que se deben hacer mediante procesos públicos de libre concurrencia en función de los criterios de igualdad, mérito y capacidad», según explicaron a este diario fuentes del equipo de gobierno.

«Prácticamente todas las instituciones públicas tienen personal y cargos de confianza que garanticen el desarrollo de las políticas que cada equipo de gobierno quiere poner en marcha pero al ser eso, de confianza, cesan en sus cargos cuando el partido político que los nombró ya no está al frente de la institución para la que trabajan», explican dichas fuentes.

Así lo entendieron una parte de los altos cargos de confianza nombrados por el PP, que se marcharon en cuanto tomó posesión el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella. Sin embargo, varios altos cargos de confianza del Partido Popular se negaron a marcharse, por lo que fueron despedidos. Sin embargo, algunos de ellos están logrando la readmisión en sus puestos de trabajo, algo que no entiende el equipo de gobierno.

«Una de ellas ha ganado el caso porque alegó que estaba embarazada cuando se le destituyó y otros, por el tipo de contrato que tenían, pero entendemos que no pueden seguir manteniendo sus funciones porque son cargos de confianza del anterior gobierno, no de éste», insisten dichas fuentes.

Por esta razón, el equipo de gobierno ha decidido hacer acopio de la documentación de cada uno de los altos cargos que han recurrido ante los tribunales, para confirmar si siguieron proceso selectivo alguno a la hora de se contratados y quiénes son los responsables de dichas contrataciones, con el fin de denunciarlos ante los tribunales pues no gozan de la confianza del actual equipo de gobierno y, por tanto, entienden que no deben seguir contratados.