30 de mayo de 2017
30.05.2017
Tribunales

Muñoz y Roca niegan que negociaran convenios con la empresa Lorcrimar

Ambos son juzgados desde de ayer por unos acuerdos que causaron un perjuicio de 2,8 millones

30.05.2017 | 05:00
Julián Muñoz, en una imagen de hace unos meses, llegando a la Audiencia.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exgerente de la sociedad Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca aseguraron ayer que no negociaron los convenios firmados por el Ayuntamiento con la empresa Lorcrimar, que, según las acusaciones, causaron un perjuicio a las arcas municipales de 2,8 millones de euros. Además, el exasesor de Urbanismo negó que supervisara las tasaciones de los aprovechamientos urbanísticos.

La Sección Novena de la Audiencia malagueña comenzó ayer el juicio a Muñoz, Roca y el empresario Manuel L., a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de los delitos continuados de malversación de caudales y de prevaricación, en el caso del constructor y responsable de la empresa Lorcrimar –con quien se firmaron los convenios– como inductor. Esta acusación pide siete años y medio de prisión para cada uno.

En el caso de Muñoz, éste señaló que si había polémica entonces sobre urbanismo «es porque había dudas» y reiteró que no sabía lo que firmaba y no negociaba con los empresarios, sólo confiaba en los técnicos. «Yo nunca he preparado un convenio ni he hecho mediciones jurídicas ni técnicas. Llevo diciendo esto 20 años», declaró, apuntando que «jamás»se reunió con Roca para hablar de urbanismo y que «el jefe era Jesús Gil» –entonces alcalde–.

En lo que respecta a Roca, que volvió a llegar a la Audiencia sin custodia policial, tras haberlo autorizado la Sala para este juicio, declaró que, aunque normalmente era el que negociaba los convenios, en este caso no intervino en ninguno de los dos que se firmaron, uno en agosto de 2000 y otro en marzo de 2001, añadiendo, además, que éstos no se elaboraron en Planeamiento 2000, ya que, explicó, no incluye una cláusula que dicha sociedad municipal siempre añadía sobre la aprobación de los acuerdos.

Indicó que el primero de los convenios «es raro, extraño», mientras el segundo, de carácter compensatorio, «es atípico», apuntando que en este caso, el entonces alcalde, Jesús Gil, le dijo que transmitiera una tasación y a eso se limitó. Así, defendió que esta operación no supone un aumento de edificabilidad e incidió en que él «no era supervisor de las tasaciones», en este caso, según las acusaciones, a la baja, de los aprovechamientos urbanísticos.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se detalla la forma de gestionar el urbanismo en el Ayuntamiento desde la llegada al poder de Gil, explicando el papel de Muñoz como alcalde accidental, el de Roca al frente de la sociedad Planeamiento 2000, así como el del empresario «imprescindible para consumar las maniobras defraudadoras».

Control de los convenios

En este sentido, se incide, como ya se ha hecho en otros procedimientos, en Roca «como persona de confianza de Gil y verdadero gestor de hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística», siendo el que «controló la elaboración de la práctica totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente hasta entonces en el municipio de Marbella».

Así, se indica que éste «negoció, bien la entrega directa de bienes inmuebles municipales como pago de reales o presuntas deudas; bien los convenios urbanísticos en los que se alteraban los parámetros urbanísticos existentes en perjuicio de los intereses municipales y favoreciendo a terceros o a sí mismo; o a veces también utilizando su privilegiada posición e influencia para interferir en el proceso edificatorio a través de testaferros y sociedades interpuestas». En cuanto a la constructora, bajo la gestión del empresario acusado, el fiscal dice que fue «creada ex profeso para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios» en un sector concreto de Marbella, apuntando que «las edificaciones ejecutadas por dicha promotora se efectuaron mediando alteraciones del planeamiento contrarias a la legalidad urbanística» y con base en «licencias de obra que han sido consideradas irregulares o ilegales».

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