El Gobierno local aprobará en el pleno que la corporación municipal celebra mañana viernes una modificación presupuestaria de cerca de tres millones de euros para adquirir un edificio en el que se ubica la Delegación de Urbanismo y que pertenece a una empresa cuyos socios son el prófugo en el caso Malaya y testaferro del exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, Juan Hoffman; el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la empresa constructora Bonifacio Solís.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmó el 17 de octubre una providencia para solicitar los fondos, trámite que aprobó el delegado de Hacienda, Manuel Osorio, al día siguiente. La regidora, del PP como su homólogo en Estepona, también firmó el lunes la justificación para que la propuesta se eleve de forma urgente a la sesión plenaria de octubre, según el digital Marbella Confidencial.
Los fondos para adquirir a Nuevos Aires 2002 S.L. las cuatro plantas que quedan libres en el edificio -las otras tres albergan las dependencias de Urbanismo- proceden de reservas del Patrimonio Municipal del Suelo previstas para construir viviendas públicas y de dinero para proyectos en los barrios del municipio.
El inmueble se encuentra en una situación irregular, tiene anulada la licencia de ocupación y no está adaptado para prestar servicios municipales, explicaron ayer el exalcalde socialista y la exdelegada de Urbanismo, José Bernal e Isabel Pérez. «¿Qué tipo de informe permite adquirir un edificio en esta situación? Es un inmueble que no quieren ni los bancos», agregó Bernal.
Según el edil, la regidora se saca fotos cuando la Justicia devuelve al Ayuntamiento fondos de causas por corrupción con sentencia firme y «por la puerta de atrás se lo entrega a los malayos. Muñoz ha vuelto a la Alcaldía para arreglar sus asuntos privados y arreglarle la vida a sus amigos», dijo.
Entre las amistades de Ángeles Muñoz, el edil del PSOE destacó al alcalde de Estepona, José María García Urbano, que no percibe ninguna remuneración del Ayuntamiento de Estepona pero, según Bernal, «el pelotazo que va a dar el regidor altruista le vale por muchos años al frente de un municipio importante».
Por su parte, el concejal de IU, Miguel Díaz, aseguró que adquirir el edificio es «entregar en bandeja un negocio redondo a un grupo de promotores del núcleo duro del gilismo y del neogilismo, prófugos del caso Malaya y personas íntimamente relacionadas con el PP, como el alcalde de Estepona».
La concejala de Podemos, Victoria Mendiola, calificó la decisión de adquirir el inmueble de «unilateral e injustificada»
"Expropiación no compra"
La delegada de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, matizó que el Ayuntamiento «va a expropiar» el inmueble y no a «comprarlo o negociar o conversar» con la sociedad propietaria. «La propietaria estará de acuerdo o no, pero seguiremos adelante», apuntó.
Además, añadió que desconoce quiénes son los propietarios del edificio.
La expropiación, indicó Caracuel, es necesaria debido al limitado espacio en el que, según ella, desarrolla su labor el personal de Urbanismo. «Aquí hay cien personas trabajando. En ocasiones más, cuando se incorporan trabajadores procedentes de planes de empleo. Hay veces en las que 17 personas trabajan en poco más de 50 metros cuadrados», explicó Caracuel. «No hay que fijarse en quién es el propietario, sino en la importancia y el interés general», destacó. La propietaria regularizó el edificio al entregar al Ayuntamiento las tres plantas que ocupa Urbanismo, según la concejala.
