La Audiencia de Málaga ha condenado a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, la que fuera concejala marbellí Isabel García Marcos, al exsecretario municipal, a otros cinco exediles y a un empresario en relación con irregularidades en la adjudicación de la concesión administrativa para la explotación de un aparcamiento público
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en septiembre de 2003, la entonces regidora inició un expediente de concesión administrativa para dicha explotación y puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo público construido por el Ayuntamiento en el subsuelo de la parcela de terreno municipal, en la finca conocida como 'Los Cipreses'.
Previamente, el que era tasador municipal efectuó un informe de valoración del bien, fijando un canon anual a abonar por la concesionaria de 86.906,35 euros y el exsecretario Leopoldo Barrantes emitió otro documento diciendo que se trataba de un bien de uso privativo sujeto a concesión y que debía ser adjudicado mediante concurso, mismo día en el que el entonces interventor informó de la necesidad de una valoración complementaria.
En la Comisión de Gobierno de diciembre de 2003, integrada por los acusados, se aprobó el pliego de condiciones que debía regir el concurso convocado para otorgar la concesión administrativa. A dicho concurso se presentó una empresa cuyo administrador único, también condenado en esta causa, había trabajado para el Ayuntamiento, en concreto en la sociedad municipal Planeamiento 2000 como inspector de obra.
"Sin haber expirado el plazo para presentar proposiciones", se constituyó la mesa de contratación, que certificó la propuesta del anterior y que "no se rechazaba ninguna otra al no constar más", aunque ese día se presentó una oferta por parte de otra empresa, dice la resolución.
En febrero de 2004, la junta de gobierno local, integrada por los acusados, "con conocimiento de que la tasación realizada para la fijación del canon anual que debía abonar la adjudicataria era muy inferior al que correspondía" y "habiéndose previamente concertado con el empresario acusado", acordó la adjudicación del concurso.
En marzo de ese año, Yagüe, "con conocimiento de su origen ilícito y con previo concierto con el empresario, otorgó contrato administrativo a favor de éste para llevar a cabo la gestión y explotación del mencionado aparcamiento, con un canon anual a satisfacer de 90.000 euros anuales".
Así, la sentencia se dicta tras expresar los acusados la conformidad con la acusación y se condena a Yagüe por un delito de fraude en la contratación y por otro de prevaricación administrativa, concurriendo la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, a un año de prisión y 14 de inhabilitación especial para cargo público electo.
A los otros siete exresponsables municipales, que son, además del exsecretario y García Marcos, los exediles Tomás Reñones, José Antonio Jaén, María del Carmen Revilla, Pedro Pérez y Rafael Calleja, se les condena a siete años de inhabilitación especial para cargo público electo por un delito de prevaricación administrativa. El empresario es condenado a dos años de prisión, aunque se le concede la suspensión de la pena durante cinco años.
