La Audiencia Provincial de Málaga ha acordado proponer al Gobierno la extradición del abogado Héctor Julián Díaz-Bastién, que fue condenado en el caso Goldfinger, ligado a la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa del actor Sean Connery a cinco años y dos meses de prisión.
En febrero de 2019 la Audiencia comenzó a ejecutar la condena de los procesados en el caso Goldfinger pero el letrado envió una carta al Tribunal comunicando que se iba a Argentina y que no pensaba regresar ni recoger la orden de ingreso en prisión.
Alegó que después de cumplir 65 años había decido dar un cambio a su vida porque comenzaba "la última etapa de su existencia" y que había decidido jubilarse además de por su edad, por las circunstancias personales y "el indudable daño reputacional al que se había visto sometido como consecuencia del proceso penal".
Ahora la Audiencia de Málaga ha propuesto a través del Ministerio de Justicia que se solicite a las correspondientes autoridades de la República Argentina la extradición del letrado que fue localizado en ese país para el cumplimiento de dos delitos contra la hacienda pública, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.
Héctor Julián Díaz-Bastién fue presidente de la Unión Internacional de Abogados y tuvo en su día mucho reconocimiento a su labor de promoción de la abogacía en el ámbito internacional y el fomento de la comunicación entre los abogados y las corporaciones, entre otros.
En la sentencia del caso Goldfinger también se condenó a un año de cárcel al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, por delito contra la ordenación del territorio, y a penas de entre 9 meses y 1 año a otros seis exediles por el mismo delito.
El Supremo rebajó las condenas al administrador Norbero Palomo, el promotor Ramón Asesio y a los abogados Héctor Julián Díaz-Bastién y Luis Juega, que representaron un tiempo los intereses económicos en España del matrimonio de los Connery (que no fueron juzgados) al estimar parcialmente sus recursos.
A todos ellos se les absolvió de uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que fueron condenados en primera instancia, lo que supuso una reducción de cada una de sus condenas en 2 años y 7 meses.
De esta forma, la Sala sentenció a penas de entre 5 años y 2 meses de prisión y 6 años y 8 meses a estas cuatro personas al constatar que evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella construidos en unos terrenos que incluían la parcela donde había estado una mansión de Connery.
En este procedimiento se investigó la recalificación urbanística de la parcela de la antigua casa de Sean Connery en Marbella y el fraude fiscal en la venta de las 72 viviendas que se construyeron en dicho suelo.
Pese a que el caso se denomina Goldfinger, una de las películas protagonizadas por Sean Connery, el actor "nunca aparece en la causa tomando decisiones, no aparece su firma en documento alguno que pudiera incriminarle, no gestiona ni dirige la sociedad Malibú S.A.", según afirmó el instructor del procedimiento.
Los hechos probados de la sentencia de Málaga señalan que el proyecto de urbanización, denominado "Malibu", no se ajustaba a la normativa y al Plan General de Ordenación Urbana vigente, entre otras cosas por exceder la edificabilidad permitida, pero la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella concedió la licencia de obras para construir los 72 apartamentos y sus garajes
