Decenas de muertos, hundidos en el suelo del castillo. La investigación que desarrolla el equipo del arqueólogo Andrés Fernández en Álora, donde está documentado el enterramiento de centenares de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, comienza a sacar a la luz parte de los momentos más cruentos y silenciados de la represión en el municipio. Las tareas de localización de fosas, que cuentan con una subvención de la Junta, han acotado la primera de las muchas sepulturas anónimas que se extienden en el interior del monumento. Y, además, con un resultado tan terrorífico como revelador: una tumba de más de 2 metros de ancho en la que, según los primeros indicios, podrían estar inhumadas más de 60 personas.
Los cálculos de los técnicos se fundamentan en las dimensiones del nicho y la densidad de accidentes topográficos que se intuyen en su interior. Los análisis han descubierto un extremo de la fosa, en la que en apenas medio metro se acumula parte de los esqueletos de cuatro personas. Según explica Andrés Fernández, la sepultura fue hallada en la tercera de las cuatro catas realizadas hasta el momento. El objetivo, previo a la exhumación, es seguir escrutando el terreno. Por el número de víctimas que se infiere de los archivos y los documentos orales, consultados por las asociaciones memorialistas y el propio equipo del arqueólogo, el castillo de Álora constituye uno de los principales puntos negros de la represión en la provincia. La documentación, al igual que en otros muchos municipios de Andalucía, alude a un auténtico genocidio, con el exterminio, en el periodo, de alrededor de la décima parte de la población con la que contaba la localidad en 1937.
En Cañete la Real, por su parte, los técnicos también han hallado una fosa común. En este caso, en el cementerio, que podría albergar, distribuidos en diferentes nichos, todavía por escudriñar, más de sesenta víctimas. El enterramiento localizado tiene 1 metro de ancho y 7 de largo. De acuerdo con Fernández, su perímetro aparece delimitado por la cal vertida sobre los cuerpos, que era un material que se empleaba a menudo en las ejecuciones masivas. Y más aún, en el municipio, que contaba con un yacimiento cercano al camposanto.
En lo que respecta a esta investigación, sostiene el especialista, ya no se habla de premisas. Los trabajadores se ocupan en estos días de limpiar los restos de las diez personas alojadas en la tumba como paso previo a la exhumación. Los fusilamientos en el cementerio de Cañete la Real, acota, se prolongaron durante un año y medio.
Las próximos trabajos previstos en la provincia se centran en Estepona y en Colmenar. En ambos municipios hay constancia de enterramientos masivos, tanto por el mapa elaborado por la Junta como por el testimonio de los familiares, que son los que han pedido que se investigue. En el municipio costero, la investigación arranca el próximo lunes. El objetivo es dar con el paradero de 7 víctimas ejecutadas en 1937 en Arroyo Vaquero, una zona cercana a la playa que fue utilizada como trinchera durante la guerra.
Para la investigación de Colmenar, el equipo de Fernández parte con la solicitud de los hijos y nietos de Juan Pozas Rojas, un vecino de Riogordo cuya familia cree que fue fusilado junto a otras diez personas en el municipio, que entonces era el punto escogido en la zona para celebrar los juicios sumarísimos. La maquinaria técnica empezará en este caso en el cementerio. Concretamente, en el área extramuros, que es donde todos los indicios apuntan que podrían encontrarse las víctimas. Durante los trabajos, los especialistas aprovecharán, a demanda del Ayuntamiento, para otear también el subsuelo del pasillo central del camposanto, presumiblemente ocupado por fosas comunes. Estas dos últimas investigaciones cuentan con una subvención de 9.000 euros concedida por la Junta de Andalucía. El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, que estuvo ayer en Málaga para presentar los nuevos trabajos, manifestó su confianza en seguir desarrollando el plan de exhumaciones previsto en la comunidad. «Estamos trabajando sin prisa, pero sin pausa, ajustándonos a las peticiones sociales», resaltó.
Durante su intervención, Naranjo puso a la provincia como ejemplo en de atención a los derechos de las víctimas. Desde que se comenzaron a preparar las excavaciones del antiguo cementerio de San Rafael, en octubre de 2006, Málaga se ha convertido en un referente de concordia y rigor en cuanto a la reparación de los daños causados en la guerra civil y en el franquismo. De hecho, la exhumación en la capital, que concluyó con la evacuación de los restos de 2.840 personas, la cifra más alta de cuantos trabajos se han llevado a cabo en España, se adelantó incluso a la aprobación de la ley de Memoria Histórica. Entre otros aspectos, por el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento, que participaron además económicamente en el proyecto.
