La justicia europea vuelve a dar un toque de atención a España por sus problemas de depuración de aguas residuales. Y esta vez ha llegado en forma de sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ayer impuso una sanción de 12 millones de euros por los reiterados incumplimientos de España en cumplir la normativa y contar con un territorio que depure todas sus aguas. Málaga no se libra de este tirón de orejas, ya que el auto recuerda que tres localidades siguen sin cumplir la normativa.
Coín, Alhaurín el Grande y Nerja son los municipios que aún están pendientes de depurar de forma correcta sus aguas residuales. En los dos primeros casos ni siquiera se han construido y en el tercero los continuos problemas con las obras y su adjudicación han ralentizado la finalización de la depuradora de la localidad axárquica. El Tribunal europeo señala, no obstante, que en el caso de los sistemas de depuración de Estepona-San Pedro, incluidos en la primera condena de 2011, sí se ha cumplido lo establecido, por lo que salen de la lista.
El documento del alto tribunal indica, además, que según la Comisión Europea la situación «se ha visto agravada por el hecho de que, en el momento de interponer el presente recurso ante el Tribunal de Justicia, han pasado más de quince años desde la fecha límite fijada por la Directiva 91/271 y más de cinco desde la sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España, pese a que las disposiciones pertinentes de dicha Directiva son claras». La Comisión añade que «numerosos procedimientos de infracción abiertos contra el Reino de España en el sector específico del tratamiento de las aguas residuales urbanas ponen de manifiesto la existencia de un comportamiento ilícito recurrente de dicho Estado miembro en este ámbito».
Las localidades incluidas en la primera sentencia de 2011 en España eran Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, y Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, en Canarias. Algunas de éstas, caso de Estepona-San Pedro, ya han adecuado sus circunstancias a la normativa.
Tras conocer la medida de la Comisión Europea, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defendió el «esfuerzo» realizado en esta comunidad en el ámbito de sus competencias en materia de depuración de aguas residuales frente a «la dejación de funciones» que ha existido en los años de Gobierno de Mariano Rajoy. Susana Díaz señaló que Andalucía ha hecho «un esfuerzo importante» en el ámbito de sus competencias en el tratamiento de aguas residuales.
Sobre esta cuestión se pronunció también el presidente del Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, Antonio Aranda, que reconoció que la situación que atraviesa la provincia de Málaga y que ha contribuido a la sanción de Europa a España «es una vergüenza». En especial recordó, como hizo el Ayuntamiento de Nerja ayer, que en 1993 las instalaciones que todavía se encuentran en fase de construcción en el municipio nerjeño «fueron declaradas como prioritarias». Un cuarto de siglo después Nerja todavía vierte directamente al mar, después de que la última de las adjudicatarias se declarase el pasado año en concurso de acreedores y forzara una nueva negociación para resolver la recta final de los trabajos pendientes. «Afortunadamente está casi resuelta la falta de depuración en Nerja, porque están todas las playas levantadas y se están colocando las tuberías pendientes. Pero no entendemos cómo hemos llegado hasta aquí», añadió Aranda.
El presidente del Foro recordó que tanto el Gobierno central, en el caso de Nerja, como la Junta de Andalucía, respecto al Guadalhorce, son partícipes de la sanción emitida por Bruselas. «La multa la pagaremos todos, incluidos los malagueños. Lo que no entendemos es dónde están los casi 400 millones que hasta finales de 2016 había cobrado la Junta en concepto del canon que nos cobra a todos los andaluces en el recibo del agua desde 2011», relató Aranda.
Por su parte, la Asociación de Empresarios de Nerja lamentó en un comunicado que su municipio «siga siendo foco de atención, respecto a este tipo de noticias, que deben ser un acicate para trabajar más aún por lograr la finalización de las obras de la EDAR nerjeña». «Recordamos, no obstante, que estas obras se encuentran en su fase final, y que a día de hoy se ejecutan a buen ritmo, por lo que esperamos muy buenas noticias para los próximos meses», apuntaron, mientras que la depuradora de Nerja depende del Gobierno central, institución que también anunció que se haría cargo de la de Alhaurín el Grande el pasado año, una obra que presupuestó en 48 millones de euros. En el caso de Coín, cuyos trabajos se iniciaron hace un año, la obra está a cargo de la Junta de Andalucía.
La Asociación Equilibrio Marino remarcó, por su lado, que la sanción de Europa por vertidos en la provincia de Málaga como los que siguen produciéndose en Nerja llega cuando ya existen áreas «gravemente deterioradas». «Los ecosistemas marinos de Nerja y algunas zonas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro Cerro-Gordo sufren un grave deterioro debido a la elevada concentración de nutrientes y materia orgánica de las aguas residuales», argumentó el presidente del colectivo, Fernando Alarcón.
Tal y como también relatan varios pescadores consultados por este periódico, las descargas de aguas residuales en la costa «además de enturbiar las aguas están afectando a comunidades de plantas tan importantes y protegidas como las fanerógamas marinas, a otras algas».
Respuesta del Gobierno
El Ministerio para la Transición Ecológica mostró ayer su «preocupación» por que España se vea obligada a asumir la sanción económica de 12 millones de euros, pero anunció que ya está trabajando en medidas de choque que se concretarán en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización.
Este plan enumerará y priorizará las actuaciones que deberán llevarse a cabo, y establecerá los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que deben aplicarse para comprobar si esas actuaciones son viables.
También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas, según una información recogida por Europa Press.
