El Partido Animalista (Pacma) ha iniciado la acción popular junto a otras doce entidades de protección animal y se persona como acusación en el caso de la muerte de un perro en Almogía, al que ahorcaron con una cuerda y arrojaron posteriormente por un precipicio.

El Partido Animalista señala que exigirán la máxima condena para los presuntos responsables, el propietario del animal y otra persona, que se justificó alegando que el perro «no servía para cazar».

Los hechos sucedieron el pasado 6 de febrero, cuando una persona presenció cómo dos hombres intentaban ahorcar a un perro podenco de la rama de un olivo. Al ser recriminados, huyeron de inmediato. Esta persona avisó a la Guardia Civil, que acudió al lugar de los hechos pero no pudo encontrar al animal.

En ese momento se inició una investigación que llevó a la identificación de uno de los presuntos responsables, a cuyo nombre estaba el microchip del perro. Tras la detención, se localizó el cuerpo del animal y se pudo identificar al segundo presunto responsable, quien reconoció los hechos y fue quien alegó que el animal "no servía para la caza".

El perro, de año y medio, había sido ahorcado con una cuerda y posteriormente su cuerpo había sido arrojado por el precipicio, donde lo localizaron los agentes.

El Partido Animalista afirma que este suceso es "una muestra del horror de la caza y del infierno que viven los miles de perros utilizados para cazar, desechados cuando ya no sirven". El partido añade que pese a que la legislación que protege a los animales en España es ridícula y las penas, insuficientes, exigirán la máxima condena para los responsables.

El Partido Animalista recuerda la importancia de la figura de la acción popular para este tipo de delitos; una figura que, de aprobarse el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno, desaparecerá para casos como este por lo que ha presentado alegaciones hace unos días ante el Ministerio de Justicia.

El Pacma ha realizado un informe basándose en datos de 98 protectoras de animales, en el que afirma que la cifra de perros abandonados cada año al finalizar la temporada de caza es espeluznante.

Según el Partido Animalista, el Seprona afirmó que en 2019 solo habían sido abandonados 8 galgos en todo el país, pero según su informe en 2019 fueron rescatados 5.588 galgos y otros 3.000 perros de caza.

El informe recoge que según datos de 35 protectoras andaluzas en 2019 se hicieron cargo de 2.366 galgos y de otros 1.731 perros de caza.

«Es un escándalo. A las administraciones públicas de este país y a los partidos políticos en el poder se les tendría que caer la cara de vergüenza. España se ha convertido en un paraíso para los cazadores, donde no solo campan a sus anchas secuestrando el 85% del territorio, que es cinegético, sino que abandonan, torturan y matan a decenas de miles de perros sin que pase absolutamente nada», critica Laura Duarte, presidenta de Pacma.