Los bancos han cerrado en 15 años seis de cada diez oficinas que llegaron a tener en Málaga

Los bancos siguen reduciendo su parque de oficinas de atención al cliente en un proceso sostenido de reducción de estructuras y ahorro de costes que coincide también con una época donde el uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios ha reducido el flujo de operaciones que se venían realizando en otros tiempos en las sucursales. En el caso de la provincia de Málaga, y según los últimos datos publicados hace unos días por el Banco de España a diciembre de 2022, sólo quedan ya operativas 563 de aquel máximo de 1.407 oficinas que se llegó a alcanzar en 2008, justo antes de que estallara la crisis económica y financiera mundial con la quiebra de Lehman Brothers.

En aquel momento, todas las entidades financieras estaban inmersas en un proceso de expansión comercial para, entre otros objetivos, competir por el mercado de las hipotecas, que vivía un momento de febril actividad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dio paso a una larga crisis que se llevó por delante a muchas antiguas cajas de ahorro y a un proceso de concentración bancaria que propició un progresivo cierre de oficinas. El descenso acumulado de sucursales desde entonces alcanza ya las 844 en la provincia. Por decirlo de forma más gráfica, se han cerrado seis de cada diez, por lo que Málaga ha vuelto así a niveles de hace 42 años.

Las clausuras por parte de los bancos, pese a que puedan tener una justificación económica y operativa, generan muchísima inquietud a nivel social por el riesgo de que los clientes de mayor edad y situados en el ámbito rural, menos habituados a realizar sus gestiones por internet, puedan verse expuestos a lo que se denomina «exclusión financiera».

En realidad, los bancos han aplicado criterios de pura rentabilidad, según comentan los analistas. Las clausuras han ido afectando a las oficinas de menos clientes y que reunían un menor volumen de negocio, situadas en muchos casos en pueblos de pequeño tamaño. Cuando cierran las oficinas, las entidades optan en algunas localidades por dejar cajero o, en otros casos, recurren a agentes financieros (personas externas a la entidad que se encargan de ofrecer un servicio operativo básico) o al uso de oficinas móviles (vehículos que recorren los pueblos cada semana).

42.000 malagueños, sin oficina

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) detallaba en su último «Informe sobre Inclusión Financiera en España», con datos de 2021, que un total de 45.425 malagueños residentes en 40 localidades de Málaga no cuentan ya con oficina bancaria en su término municipal.

Estos municipios, que representan el 39% del total de 103 que tiene Málaga, son en general de perfil rural y con un porcentaje mayoritario de población mayor de 65 años. Se trata de pueblos pequeños (la mayoría no llega a los 1.000 habitantes), con lo que el porcentaje de población afectada por este fenómeno es todavía reducido (sólo un 2,7% de los casi 1,7 millones de personas que viven en Málaga). Sin embargo, es constatable el salto en relación al anterior informe del IVIE, de final de 2019: por aquel entonces eran 29 las localidades sin oficinas y 29.300 los malagueños afectados.

Las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc están firmando acuerdos con Correos para, en los próximos años, garantizar que todas las personas que habitan en pequeños municipios rurales tengan acceso al dinero en efectivo con la red de carteros rurales.

El informe constata que el porcentaje de población sin accesibilidad a los servicios bancarios se va reduciendo conforme se amplía el mapa de la inclusión con puntos de acceso distintos a la oficina. En el caso de Málaga, la cifra de municipios donde no hay oficinas ni cajero es de 26, con una población de 14.000 personas. El nivel baja a 22 localidades, con 10.833 habitantes, si tampoco hay desplegado un agente financiero que ofrezca el servicio que antes daba la sucursal (incluido el acceso a efectivo). Y si se profundiza más en el análisis, la cifra de pueblos sin acceso a ningún punto alternativo (oficina de Correos u oficina móvil de banca) cae a 15, con 6.577 personas. Este último caso sería el más cercano a lo que se conoce como «exclusión financiera» y supondría sólo el 0,4% de la población de la provincia.

El sector bancario está tratando en los últimos tiempos de paliar algo esta situación. En su seguimiento de los datos, el IVIE ha constatado estos días que la cifra de municipios de más de 500 habitantes donde no había ningún punto de acceso presencial a los servicios bancarios ha bajado en España de 243 a 164 y que la población excluida se reduce de 211.550 a 141.992 habitantes.

En el caso de Málaga eran cuatro las localidades de más de 500 habitantes afectadas (Macharaviaya, Cútar, Arenas y Moclinejo), con una población conjunta de algo más de 3.500 personas, pero la cifra, un año después, ha bajado a dos (con 1.100 habitantes) después de que se haya abierto un cajero en Moclinejo y en Arenas se use el servicio de Correos.

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