Chistes constitucionales

Según últimos datos, Málaga se encuentra en la primera división de las ciudades donde más sube el precio de la vivienda. Buena o mala noticia, depende de la trinchera donde cada quien se encuentre. La de los poseedores, o la de los desposeídos. Estupenda para quienes se dedican a obtener beneficios de este bien de primera necesidad. Pésima para quienes se descubren a la busca de un techo bajo el que caerse muerto. Una circunstancia para la que no podemos hallar otro adjetivo que ese tan claro de «chunga», pero chunga de verdad, de esas que, en realidad, nadie quiere resolver a la espera del meteorito o de los marcianos que dejarán este asunto en un segundo plano y quizás hasta bajo el suelo. Por ejemplo, Don Francisco de la Torre promociona desde hace varios cuatrienios lo que podríamos llamar el centrifugado de malagueños. O de todos aquellos malagueños que se hallen por debajo de un determinado nivel adquisitivo, o no parezcan nórdicos, por lo menos. La bendición municipal a los pisos turísticos, sumada a la adquisición especulativa de inmuebles, sumada a la inexistencia de vivienda protegida, han convertido en un guión de monologuista cómico el artículo 47 de la Constitución. El chiste dice que los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No explica dónde. Añade que las autoridades regularán el suelo para impedir la especulación, de acuerdo al interés general. No aclara cuándo. Si regreso a mi Málaga, resulta que el dónde de un pisito de aquellos que construía el régimen de Franco (¡Uy, lo que he dicho!) de tres dormitorios, setenta y cinco metros cuadrados, sin garaje, pues se sitúa donde se encuentre el nebuloso territorio del alquiler a 1.300€. Si un trabajador quisiera vivir solo, por un concepto de la dignidad, tendría que entregar todo el sueldo a su hábitat; es por ello por lo que, los redactores constitucionalistas, que intuyeron hace décadas la incompatibilidad entre domicilio y alimentación, eliminaron del texto cualquier alusión a ese fuero que hubiera permitido a los españoles exigir comida, y española, por supuesto.

Una de las frases más hilarantes de este versículo sobre el privilegio de orinar en retrete propio, es la dedicada a los «poderes públicos» que, por lo leído, tendrían que establecer las normas pertinentes para garantizar ese derecho a una vivienda digna que, insisto, como las Cosas del querer ni precisa dónde, ni cuándo, ni para el interés de quién. Por ejemplo, el gobierno anterior se mostró muy turbado por sacar al Generalísimo, en el olvido excepto para casos clínicos, de una tumba que pocos sabrían situar sobre un mapa, en lugar de haber multiplicado el número de urbanizaciones sociales alzadas por iniciativa de aquel régimen que, abstraído por tal asunto, incluso, regalaba chalés en Torrevieja cuando alguien ganaba un concurso televisivo. Hoy, los jóvenes se llevan un berrinche y un par de venéreas, o una insolación. Puede que aquellos programas antiguos sirvan de inspiración al actual gobierno que, cualquier día de estos, a lo mejor, inicia su legislatura. Mientras tanto, Junta y Ayuntamiento, amparados por esa ausencia de códigos legislativos de rango superior que amparen a los desamparados, benefician a especuladores y destierran a unos indígenas que, felices por el valor de cuento de la lechera que ha alcanzado su morada, comprenden este fenómeno letal, que tanto rima con municipal, cuando su hijo pretende independizarse tras el cuarenta cumpleaños, o cuando la familia busca una mejora de sus condiciones de vida en otro barrio mejor equipado. Los tabiques en Málaga se han convertido en un producto más para la especulación, para el lucro de extranjeros y modernos terratenientes a los que cualquier día veremos a caballo y con fusta por calle Larios en pos de Paco y los suyos; tal vez sea esto lo que el mencionado artículo 47 propugne cuando se refiere a hacer efectivo este derecho a la vivienda, es decir, convertirlo en billetes, siempre restringidos a los de siempre. Ahora pillo el chiste constitucional. ¡Qué jodidos!