La Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias solicitaron ayer prisión sin fianza para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández a quien la jueza Mercedes Alaya imputa seis delitos, cuatro de ellos continuado. Tras cuatro días escuchando a Fernández, las acusaciones coincidieron en solicitar el ingreso en la cárcel, salvo la Junta, como medida cautelar dado la gravedad de los hechos que se le imputan, la posibilidad de que entorpezca la investigación y el riesgo de fuga.
Este lunes por la noche, la jueza estaba elaborando el auto en el que debe decidir si acepta la petición, argumentada con los mismos motivos por los que ya envió a prisión al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo, los dos únicos imputados en la cárcel por los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de los más de cincuenta que engrosan la lista.
Tras el interrogatorio del PP y de las defensas, la magistrada celebró la vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión preventiva y el pago de una fianza de 890 millones de euros para asegurar la posible responsabilidad civil. Una petición a la que se adhirió todas las acusaciones, salvo la Junta que pidió la comparecencia semanal en el juzgado, la retirada del pasaporte y una fianza de 68 millones de euros. Uno de los argumentos del fiscal fue que «el responder a todas las preguntas no es siempre colaborar con la Justicia». La defensa de Fernández se opuso a esta petición al creer que no hay motivos suficientes, al igual que hicieron la mayoría de letrados defensores.
Más de 200 preguntas. El primer ingreso en prisión fue el de Guerrero, que se produjo la madrugada del 10 de marzo tras tres días declarando. La magistrada, además, le impuso una fianza de 686.000 millones de euros. A Guerrero le siguió su exchófer que fue trasladado a la cárcel la madrugada del 21 de marzo tras reconocer que se gastó un millón de euros de las ayudas públicas en comprar cocaína. A él le impuso una fianza de 2,3 millones de euros.
La cuarta jornada de declaración como imputado del exconsejero de Empleo comenzó ayer con las preguntas del PP, después de que el domingo concluyera con su interrogatorio la jueza Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía. Los abogados del PP tenían preparadas 212 preguntas, y a todas ellas respondió Fernández. Una de las preguntas que planteó la abogada del PP, Lourdes Fouster, iba encaminada a conocer ciertos pagos realizados a cargo del propio exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero quien los denominó como «fondo de reptiles». «No le admito que lo denomine fondo de reptiles, porque eran fondos presupuestados», replicó Fernández, que no admitió la pregunta en esos términos.
El exconsejero también fue preguntado sobre por qué no se llevaban ante el Consejo de Gobierno ayudas de más de tres millones de euros, cuestión que no supo explicar. Fernández dijo que desconocía el destino irregular de ciertas subvenciones, cuya aprobación tampoco sabía. Una de las cuestiones sobre las que más se centró el PP fue sobre la empresa gaditana Delphi, cuestionándole por el coste que supuso para la arcas andaluzas no sólo el ERE, sino también las políticas activas. En este sentido, reconoció que costó «muchísimo dinero», hasta el punto de que no fue capaz de cuantificar la cuantía.
La declaración de Fernández batió ayer un récord pues fueron cuatro jornadas consecutivas, dos de ellas en fin de semana, en las que defendió el convenio que él firmó en 2001 siendo entonces viceconsejero de Empleo y presidente del IFA junto con el entonces consejero José Antonio Viera. Así, él insistió estos días en que para otorgar las ayudas se establecieron una serie de criterios tanto para las ayudas a empresas como para las pólizas individuales.
Eso sí, estos criterios eran verbales y los únicos requisitos es que fueran empresas situadas en zonas deprimidas o, en el caso de los trabajadores, que tuvieran más de 55 años y que fueran de difícil reinserción social. En cierto modo, hasta desmontó la figura del intruso, pues si un trabajador cumplía los requisitos, no era necesario que perteneciera a una determinada empresa. Si se incluía en el ERE de una entidad en la que no había trabajado era porque salía «más económico».
El ex alto cargo reconoció que las ayudas eran «discrecionales», pero no arbitrarias, pues eran conocidas por los sindicatos. Fernández explicó que la Intervención General de la Junta tampoco puso reparos a este sistema, pues en una ocasión envió un informe contrario, pero nunca contestó a las alegaciones que presentó la Junta al mismo. Por último, defendió la legalidad de su inclusión en el ERE de González Byass, negando que interviniera en el mismo y recordando que no llegó a cobrar la póliza.
