La Audiencia de Sevilla confirmó la fianza civil de 807 millones de euros impuesta al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en la causa por los ERE fraudulentos, porque existen indicios suficientes para situarla en esa cantidad.
Esta fianza, impuesta en mayo pasado por la jueza Mercedes Alaya, está destinada a afrontar las posibles responsabilidades civiles y no las penales, por las que Fernández abonó en agosto pasado 450.000 euros y quedó libre después de estar cuatro meses encarcelado.
Las mismas fuentes consultadas indicaron que, en el auto, la Audiencia Provincial pone de manifiesto que, tal y como indicó en la resolución donde resolvía sobre la prisión del exconsejero, existen indicios suficientes para establecer dicha fianza de responsabilidad civil.
La jueza imputa al exconsejero de Empleo cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Fuentes del caso informaron a Efe de que la Sección Séptima de la Audiencia confirmó la decisión de la jueza respecto a la fianza civil porque la defensa alegaba falta de indicios suficientes y la sala argumenta que ya se pronunció sobre su existencia cuando tuvo que resolver sobre la prisión del ex alto cargo.
La Audiencia mantiene dicha cantidad de 807 millones de euros pese a que la Junta de Andalucía, personada como acusación, pidió rebajarla a 68 millones, según había fijado ella misma las presuntas responsabilidades civiles que se pueden exigir a Fernández.
La fianza fue fijada en 807.403.232 euros y respondía a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.
La cantidad, pese a ello, fue inferior a los 890.052.666 euros que pidió la Fiscalía Anticorrupción porque la jueza no aplicó el incremento que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, Alaya fijó en 686 millones la fianza civil de Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo que permaneció encarcelado siete meses, hasta octubre pasado, cuando depositó 50.000 euros.
En la causa por los ERE fraudulentos están imputados siete ex altos cargos de la Junta, además de 60 «intrusos» que nunca trabajaron en las empresas objeto de ayudas.
