El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, aseguró ayer que en la medida en que el caso de los ERE fraudulentos pudiera afectar a decisiones adoptadas por cargos políticos socialistas, su partido asumirá «proporcionalmente» las responsabilidades que correspondan en el ámbito político. «Cuando se produzca la resolución judicial y se establezcan las responsabilidades judiciales, evidentemente eso tendrá un reflejo en términos de responsabilidades políticas», aseguró en una entrevista con Efe.

Sin embargo, a día de hoy, según Jiménez, y con los datos conocidos hasta el momento, no se puede «ir más allá» respecto a la asunción de responsabilidades políticas, pese a que «algunos quieran dar curso a un desahogo».

«Lo que los ciudadanos quieren es que avance la instrucción, que se abra juicio, que empiecen a desfilar los que hayan cometido presuntamente ilegalidades y que respondan», opinó Jiménez, que agregó: «En lo que eso pueda afectar a decisiones que se hayan producido por parte de responsables del PSOE, evidentemente asumiremos proporcionalmente, en el ámbito político, las responsabilidades que correspondan».

Mientras tanto, el PSOE lamenta que algunos lleven más de dos años «arrojando sombras de sospecha» sobre determinados responsables políticos, y en el caso concreto del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, los socialistas tienen ya decidido presentar una denuncia para reivindicar el respeto a su honor y dignidad.

Mientras, el vicesecretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Juan de Dios Villanueva, se mostró contrario a que IULV-CA pueda romper el pacto de gobierno en la comunidad autónoma si la investigación sobre los ERE implica a algún miembro actual del Gobierno o incluso al propio Griñán.

Uno de los encarcelados por el caso, el exsindicalista Juan Lanzas, está acusado por la jueza Mercedes Alaya de haber incluido en ERE como intrusos a 24 personas que nunca trabajaron en las empresas, entre ellas él mismo, las esposas de cuatro sindicalistas con los que negociaba, su propia mujer y dos cuñados.

En el auto de prisión contra Lanzas, al que ha tenido acceso Efe, la jueza le imputa haber incluido en los ERE que negociaba a tres personas por vinculaciones políticas, además de a la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la madre de su chófer y otras irregularidades como haber pagado 6.000 euros tras pedir a su destinatario que presentara «el paripé de un trabajo». Además se incluyó a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa, a dos vecinos suyos en otros tantos expedientes y a Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza, lo introdujo en Mercasevilla «por afinidad política».