Juicio por los ERE

Alaya imputa prevaricación y malversación a Salgueiro

El exviceconsejero de Economía y expresidente de Renfe se ha acogido a su derecho a no declarar

03.10.2013 | 16:52
El exviceconsejero andaluz de Economía y expresidente de Renfe, José Salgueiro (i), acompañado de su abogado José Manuel García-Quílez, a su llegada hoy, jueves 3 de octubre de 2013, a los juzgados de Sevilla donde está citado a declarar como imputado ante la juez que investiga los ERE falsos.
El exviceconsejero andaluz de Economía y expresidente de Renfe, José Salgueiro (i), acompañado de su abogado José Manuel García-Quílez, a su llegada hoy, jueves 3 de octubre de 2013, a los juzgados de Sevilla donde está citado a declarar como imputado ante la juez que investiga los ERE falsos.

La juez instructora de los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado hoy al exviceconsejero de Economía José Salgueiro por haber sido uno de los promotores del "procedimiento ilegal y arbitrario" de concesión de subvenciones sociolaborales que la Junta de Andalucía instauró en 2000 y que perduró hasta 2011.

Salgueiro, también expresidente de Renfe, ha comparecido durante una hora ante la juez y se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo médico, ya que debe evitar el estrés.

Alaya le ha imputado delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos porque como viceconsejero entre 1990 y 2004, y en los meses en que fue consejero de Economía en 2004, consintió las modificaciones presupuestarias investigadas, un procedimiento "al margen de la ley" que permitía un "uso ilícito de fondos públicos con absoluta discrecionalidad".

Según el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe, el "procedimiento ilegal" consistiría en utilizar las llamadas transferencias de financiación, no previstas para subvenciones, para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y en usar una de esas empresas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para realizar los pagos.

Aunque el objetivo del sistema iniciado por Salgueiro, entre otros, era dar mayor agilidad a las ayudas sociolaborales, su "finalidad básica" era "eludir el control que significaba la fiscalización previa de la Intervención General, que tantos reparos había puesto en expedientes pasados".

"Este uso ilícito de fondos públicos se realizaría presuntamente con absoluta discrecionalidad, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración, consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad", dice Alaya.

La Consejería de Economía, de la que Salgueiro era viceconsejero y cuya entonces titular, Magdalena Álvarez, está citada como imputada el día 8, tramitó siete modificaciones presupuestarias que supusieron entre los años 2000 y 2001 la suma de 93.000.613 euros.

El relato de Alaya añade que el segundo paso, después de dos años de andadura, fue la introducción de dicha partida de las transferencias de financiación en el Presupuesto, concretamente en el del año 2002, y de ahí en los sucesivos ejercicios económicos, tarea en la que el Salgueiro "tendría una importante participación".

La inclusión en el Presupuesto de dicha partida dio lugar a un uso "completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimientos ni control, y además desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario", añade la juez.

Con ello se generó un déficit que en el año 2003 y 2004 ascendió a 38 y 93 millones de euros, respectivamente.

Además, conociendo que este "procedimiento arbitrario podía generar menoscabo de fondos públicos" contribuyó a alimentarlo con nuevas modificaciones presupuestarias, concretamente cinco desde 2002 a 2004, que ascendería a 32.197.303 euros.

Finalmente, Salgueiro dio instrucciones o al menos era conocedor de que con este procedimiento "era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación del IFA, pues al recibir los fondos de la Consejería de Empleo y figurar estos como ingresos, hubo que simular en la elaboración del citado Presupuesto la existencia de gastos".

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del PP no han pedido medidas contra el exalto cargo, pero el sindicato Manos Limpias ha solicitado una fianza civil de 20 millones de euros, sobre lo que la juez se pronunciará más adelante.

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