La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha pedido que se certifique el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros de la Junta, a los que en septiembre pasado comunicó su preimputación en la causa.
Fuentes del caso informaron a Efe de que Alaya ha pedido dicha certificación al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz, dada la posible condición de aforados de Chaves, Griñán y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
La juez de instrucción 6 de Sevilla decidió en septiembre pasado «comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», a las citadas personas, por su presunta colaboración para un «uso ilícito de fondos públicos» en la causa de los ERE.
Fuentes del caso dijeron a Efe que esta decisión es un trámite y no significa que la juez vaya a inhibirse de inmediato a favor del tribunal superior correspondiente, ya que aún está sin resolver un recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia de Sevilla para que la instructora motive mejor los hechos que les imputa.
Los imputados son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y el 2009; Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013; Viera como consejero de Empleo entre 2000 y 2004, y Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento entre el 2009 y 2013. También fueron imputados Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012; Vallejo como titular de Innovación entre 2004 y 2009, y Ávila como consejero de Economía e Innovación desde 2010 hasta hace unos meses.
Además de dirigirse a la secretaría del tribunal correspondiente, la juez pide a la Guardia Civil que localice el domicilio de las siete personas citadas.
De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que son diputados en el Congreso, y Griñán como senador. Los exconsejeros Martínez Aguayo, Ávila, Recio y Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla, recurrió el auto de 10 de septiembre de imputación de estos ex altos cargos ya que «adolece de la motivación necesaria» y «no es ajustado a Derecho».
Según la Fiscalía, el auto podía causar «la indefensión que se pretende evitar», por lo que pedía que la juez instructora dictase un nuevo auto en el que concrete los hechos por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación y luego «se les dé traslado de la presente causa en calidad de imputados conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
El PSOE-A consideró ayer «sorprendente e inoportuna» la última providencia dictada por Alaya, ya que «sorprende» que la solicitud de información al Congreso de los Diputados y al Parlamento autonómico se produzca más de tres meses después del auto que apuntaba a la posible imputación de los expresidentes y exconsejeros. Para la dirección regional socialista, esta solicitud de información tendría que haberse producido, en todo caso, antes y no después del citado auto judicial.
Igualmente, la ejecutiva regional del PSOE-A asegura que «sorprende» que la difusión pública de esta providencia se produzca justo el mismo día en que se ha declarado culpable a Jaume Matas por varios delitos y se ha rechazado la demanda de Dolores de Cospedal contra Luis Bárcenas.
