Andalucía mantiene su oposición a la entrada en vigor de la reforma educativa del Gobierno central. La Junta considera que el modelo de reválidas que plantea la Lomce en sexto de Primaria, ni cuenta con el consenso necesario entre las comunidades autónomas, ni dispone de financiación para su desarrollo. Además, se niega a que estas pruebas, que determinarán el futuro inmediato del alumnado que pase a ESO, sean corregidas por personal externo.
La Junta sostiene y así lo hizo ayer saber a través de un comunicado, que esta situación «provocaría más inquietud e inseguridad a los centros educativos y supondría la desconfianza en el trabajo de los docentes». Educación considera que este modelo descrito por el Gobierno central conlleva una enorme complejidad técnica, organizativa y un coste económico importante que no cuenta con financiación estatal.
La Junta también muestra su rechazo al contenido, al calendario y a la aplicación de la prueba final de la etapa que propone el Ministerio. Por este motivo, la Consejería de Educación reclama al Gobierno central que retome el debate sobre el modelo de evaluación, así como la paralización de la tramitación de la normativa «hasta que las comunidades autónomas conozcan el texto, siguiendo los procedimientos de información pública y participación que toda norma debe cumplir en un régimen de transparencia y colaboración institucional».
En el comunicado se informa de que la Consejería instará al Ministerio a una «reflexión más pausada sobre estas pruebas», tras la reunión de la Comisión de Ordenación Educativa de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el martes en Madrid con las comunidades autónomas, que mayoritariamente presentaron una posición común de rechazo al modelo presentado por el Ministerio.
La Consejería considera que la evaluación del sistema educativo es imprescindible para conocer y mejorar su funcionamiento y sus resultados, así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, «pero nunca para establecer ránkings competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como persigue la Lomce». De ahí su frontal oposición a que sean profesores ajenos al centro los que se encarguen de evaluar las pruebas.
«Andalucía considera prioritario y urgente el diálogo con las comunidades autónomas para evitar la inseguridad que generaría la aplicación de esta reválida».
