Hacienda

Montero cifra en 600 millones los nuevos recortes que exige el Gobierno

El Ministerio de Hacienda pide que aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria

07.04.2016 | 13:04
Montero cifra en 600 millones los nuevos recortes que exige el Gobierno

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha cifrado en 600 millones de euros las retenciones, que ella califica de "retirada de gasto" que el Gobierno central le ha exigido, y que equivale el importe que ha excedido del objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la consejera ha anunciado que en la tarde del pasado miércoles la Consejería ha recibido una segunda carta donde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde ordena a las comunidades autónomas que "quiten gasto" por el importe de lo que han excedido del objetivo de déficit en cada una de las comunidades autónomas, que la consejera ha cifrado en esos 600 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 12 comunidades autónomas, que incumplieron el objetivo de déficit en 2015, para que, en un plazo de 15 días, aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria.

La consejera ha explicado que la Junta ha recibido la carta como un anticipo de la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, donde se alude al concepto de "no disponibilidad" que, a su juicio, "es un eufemismo que es igual que decir que hay que retirar gasto".

Considera que "si el Gobierno quiere que se retire gasto, tendrá que establecer cuáles son sus prioridades". En ese sentido, ha dejado claro que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ya ha dicho que no se puede recortar en educación, sanidad o políticas sociales, que los ciudadanos saben que son su colchón de seguridad".

Apunta que Montoro "quiere dejar sin efecto los presupuestos que ha aprobado la comunidad autónoma, pero el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dice que Andalucía es una comunidad cumplidora y es una de las seis comunidades que puede que cumpla el objetivo de déficit de 2016".

Por tanto, considera que "no sería necesario retirar gasto del presupuesto porque entendemos que vamos a cumplir con nuestro objetivo presupuestario", a pesar de esa segunda carta donde el Gobierno "pide que en el plazo de 15 días se retire gasto por el importe de lo que ha excedido el déficit en cada una de las comunidades autónomas".

Valoración del Supremo

Por otro lado, preguntada por la decisión del Tribunal Supremo que anula el acuerdo del Gobierno que fijó los límites del déficit autonómico de 2013, la consejera considera que se trata de "un dato más que avala el hecho de que el Gobierno reparte sin criterio objetivo los esfuerzos en el déficit entre autoridades locales, comunidades autónomas y Gobierno central, reservándose para sí la mayor parte de flexibilidad, el menos esfuerzo, y carga sobre las espaldas del resto de administraciones el mayor esfuerzo".

Apunta que decisión del TS no tiene ninguna consecuencia práctica ya que 2013 es un año ya cerrado, pero considera que "se pone de manifiesto que el nuevo Gobierno que se conforme tendrá que tener en cuenta criterios realmente objetivos, como la propuesta de Andalucía, donde lo importante no es quién recorta, sino sobre qué políticas se recorta".

Esta resolución judicial pone de manifiesto que "el Gobierno está cargando sobre las comunidades un porcentaje de ajuste muy superior al que le correspondería por su nivel de gasto".

Lamenta el reparto "injusto" del déficit, criticando que "no se tiene en cuenta el debate sobre qué políticas se pueden repercutir del ajuste, además a las comunidades se les pone un objetivo de déficit incumplible y encima después, cuando aparecen los datos, se culpa a las comunidades, en un intento de achacar una mala reputación de las comunidades, y parece que las incumplidoras son las regiones".

"El Gobierno se reserva para sí mayor capacidad de gasto para otras políticas que no son pensiones ni Seguridad Social, sino para políticas de inversión o defensa, mientras que se le ponen más exigencias y deberes más estrictos a las comunidades, que son aquellas que tenemos la función de prestar la educación, sanidad o dependencia, las que desarrollan políticas de igualdad de oportunidades", ha añadido.

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