Por partida doble. Así tendrá que comparecer el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, para dar respuesta al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Primero, a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de prevaricación administrativa y, por otro lado, para declarar en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los cursos de formación.
En su comparecencia ante el TSJA estará acompañado por Luis Guerrero, actualmente diputado en la Diputación de Málaga. Ambos tienen que comparecer ante el juez por un supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos por el nombramiento de Guerrero como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) cuando en realidad ejercía en el Centro Andaluz de las Letras.
En el auto donde acordó incoar diligencias previas contra ambos, el TSJA señalaba que los hechos investigados por la Fiscalía Superior de Andalucía, que inició diligencias de investigación en noviembre de 2015 a raíz de las noticias aparecidas sobre la «supuesta ocupación irregular en la dirección del CAF», podrían ser constitutivos de supuestas infracciones penales a delimitar y concretar en la investigación.
La sucesión de los hechos. El auto explica, además, que consta en la documentación que en el mes de julio de 2012, «el querellado Luis Guerrero Jiménez, afiliado al PSOE de Málaga y miembro de su ejecutiva, cesó del puesto que ocupaba como personal eventual en la Diputación malagueña, momento en que el también querellado Luciano Alonso, en aquel momento consejero de Educación, Cultura y Deporte, decidió nombrarle director del Centro Andaluz del Flamenco con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), a sabiendas de que el designado con carácter eventual en ningún caso iba a desempeñar el cargo designado».
Asimismo, en la resolución dictada por el tribunal se precisa que Alonso «realizó dicho nombramiento en dos ocasiones», la primera mediante orden de 1 de agosto de 2012, «que mantuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 2013», y la segunda con otra orden desde ese día hasta el 12 de junio de 2015.
