La Junta de Andalucía confirmó ayer su intención de seguir plantando batalla a la Lomce y planteando alternativas que, dentro de los límites de la ley, minimicen las repercusiones de algunos de sus puntos más polémicos durante el curso que viene, el primero en el que la normativa, en caso de mantenerse, funcionará en el conjunto de los planes educativos con plena vigencia.
La consejera de Educación y exrectora de la UMA, Adelaida de la Calle, aseguró que su departamento trabaja en una alternativa similar a la ya aplicada en Primaria a la hora de incorporar la controvertida reválida en Secundaria, que, si bien entrará de lleno en el sistema, quedará corregida con un modelo de evaluación que sigue teniendo más en cuenta la evaluación continua que la prueba final. En cualquier caso, De la Calle señaló que el Ejecutivo autonómico pretende otorgar un «margen» al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que encabeza Íñigo Méndez de Vigo, para intentar encauzar, en base al «diálogo», una actuación que derive en la paralización del decreto que regula este tipo de exámenes finales obligatorios.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera aludió a la petición de la Conferencia Sectorial realizada para abordar este asunto con el ministro, incidiendo asimismo en lo que su departamento ya anunciara el pasado mes de agosto: que se estudia recurrir este decreto ante el Tribunal Supremo. No obstante, subrayó que Andalucía, «como ha hecho siempre», actuará «dentro de la legalidad» pero buscando «favorecer siempre» a los jóvenes y niños.
La representante de la Junta abundó que con esta normativa se buscarán «las mismas soluciones» que se indagaron para con la reválida de Primaria, cumpliendo con la ley pero adaptándola para favorecer los intereses andaluces. En aquel caso, la Junta reconoció la evaluación continua y el trabajo de sus profesores, «sin que tengan que venir de fuera» para ello, enfatizó.
La Junta tiene adaptados la totalidad de los decretos de desarrollo de la parte curricular aplicados a raíz de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), «con un gran esfuerzo para mitigar los problemas» de la ley, si bien en el caso de este último abriga «una esperanza grande» en contar con la oportunidad «de no tener que aplicarlo», aclaró.
Para ello, desde el pasado 31 de julio la administración autónoma intentará convencer al Ministerio de que si se habla de un Pacto por la Educación «no se debería hacer así». «A nadie le gustan las reválidas», puntualizó. Pese a que el Estado amagó con recurrir la evaluación alternativa impulsada por la Junta, de momento, según De la Calle, no hay ninguna notificación.
Andalucía, recuerda la consejera de Educación, tiene recurrido el decreto de Primaria, si bien el procedimiento está actualmente a la espera de resolución al existir otro de una jurisdicción superior, promovido por catalanes y vascos. «Y hasta que no salga una no se resuelve la otra», precisó.
