El delegado de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Daniel Pérez, declaró a este diario que el papel de la administración autonómica es el de expedir la tarjeta «en función del baremo de movilidad reducida» y le corresponde «a la Policía Local, al ámbito municipal, el control del uso de ella».
«Corresponde a la Policía Local la retirada, si lo constata en el momento, pide la tarjeta y no es el titular». En ese caso sanciona por uso indebido y retira la tarjeta, que la envía al Centro de Valorización y Orientación de discapacitados de la Junta, detalló. «Ahí nosotros mantenemos la tarjeta en custodia, explicamos lo que ha pasado al titular y se le vuelve a dar pero se le apunta en el expediente porque es un asunto grave el uso no autorizado de las tarjetas».
En relación con propuestas como el cambio periódico de la tarjeta para poder aparcar en las plazas para personas con movilidad reducida, el delegado señaló que, hacerlo todos los años sería «un proceso administrativo tedioso porque habría que citar a todas las personas».
Daniel Pérez recordó que «si la persona fallece, esa tarjeta tiene que dejar de usarse» y subrayó que la Junta mantiene reuniones periódicas con el Ayuntamiento de Málaga para tratar estos problemas.
En todo caso, el delegado de la Junta de Andalucía señaló que una revisión periódica de las tarjetas «sería una decisión autonómica» y destacó que «todas las propuestas que se recojan las podemos estudiar y ver la posibilidad de hacerlo».
El delegado repitió que una medida de este tipo «requeriría un trámite administrativo importante de citación y es complicado» y admitió que en este momento la Junta de Andalucía no estudia ninguna acción relacionada con la propuesta.
