El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Luciano Alonso, anunció ayer ante el pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz ha emitido cuatro resoluciones firmes de reintegro de ayudas para la formación por valor de 1.059.176,35 euros. Así lo desveló durante su intervención en la Cámara, donde concretó que las cuatro resoluciones se corresponden con ayudas concedidas al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), a la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula, al Cemer de Córdoba, y a la Escuela de Hostelería de Benalmádena, La Fonda, concedidas en 2008 y 2009.

Alonso detalló que la Junta procedió a un inicio de reintegro por valor de dos millones a la Escuela de Hostelería de La Cónsula que ha tenido como resultado una resolución definitiva de reintegro de 575.330,18 euros. En relación al Cemer de Córdoba, la Junta reclamó inicialmente 28.160 euros y el resultado final de reintegro será de 4.820,30 euros.

En lo que se refiere al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), se reclamaron 449.956 euros, que tendrá un reintegro total por el mismo valor; mientras que en el caso de la Hostelería de Benalmádena se reclamaban inicialmente 455.452 euros, pero la resolución de reintegro firme es de 29.069,70 euros.

El consejero del ramo, que comenzó su intervención asegurando que la transparencia se ha convertido en el principio rector y en el modelo de gestión del Gobierno andaluz, explicó que su departamento lleva ocho meses gestionando los expedientes que se trasladaron después del traspaso de competencias de Empleo a Educación y que aún están «abiertos», por lo que su proceso administrativo ordinario está aún en plazo. Según explicó, en el periodo 2007-2013, que se corresponde con el ámbito temporal de los expedientes aún abiertos que se traspasaron a esta consejería, se dieron más de 36.000 cursos a 758.000 alumnos, de los cuales 417.000 eran desempleados. El importe concedido para esta formación asciende a 2.326 millones, del que ya se han ejecutado el 75 por ciento (1.744 millones), el resto está pendiente de justificación.

En este contexto, destacó que sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el empleo hay 43.500 expedientes administrativos. De ellos, 8.505 corresponden a subvenciones a entidades para dar cursos a formación.

El consejero aseguró que desde septiembre se está llevando a cabo un estudio individualizado de cada uno de estos expedientes que se encuentran en proceso de justificación. De los 8.505 expedientes de subvenciones a entidades en servicios centrales, ya se han analizado 600 expedientes, a los cuales se han realizado 480 requerimientos de documentación y se han abierto 56 expedientes de inicio de reintegro, cuatro de ellos son resoluciones firmes.

Alonso, que destacó que la Junta ha decidido durante este proceso que ninguna entidad podrá concurrir a nuevas convocatorias ni percibir los abonos pendientes de dichas ayudas hasta que se fiscalicen todos los expedientes previos, señaló que también se han reforzado el control de acceso a los recursos públicos para la formación con nuevos requisitos.

Junto a ello, el consejero criticó la «filtración interesada, sesgada y tergiversada» que se ha hecho sobre este asunto, «haciendo causa general y manchando una vez más el nombre de Andalucía y sobre todo de sus empresarios, entidades y trabajadores». «Se ha confundido maliciosamente conceptos para construir la idea de una corrupción generalizada en Andalucía», lamentó Alonso, quien criticó que en Madrid se hable de un «gobierno damnificado ante un hecho aislado provocado por unos empresarios y que en Andalucía se trate el tema como una trama orquestada con su gobierno al frente».

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A y secretaria general de la formación, Dolores López, aseguró que Alonso no comparecía para ofrecer luz sobre este asunto, sino de «parapeto» para proteger a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «que es quien tenía que estar dando hoy explicaciones, pero no ha tenido la suficiente valentía para ello. «Lo que ha hecho Díaz huyendo es faltar al respeto a los andaluces porque las competencias se delegan pero las responsabilidades no», manifestó.

Por su parte, la diputada de IULV-CA Rosalía Castro aseguró que la UDEF no «da ninguna primicia, ni es ningún bulo» el presunto fraude con las ayudas a la formación sino la «constatación» de lo presentado por un órgano de control externo de este Parlamento como es la Cámara de Cuentas. «No se trata de magnificar, ni de minimizar, es un escándalo en toda regla para cualquier administración y un bochorno para nuestra comunidad». En su opinión, corresponde al Gobierno andaluz actuar en aras a la transparencia y a la búsqueda de la verdad, exigiendo responsabilidades «de todo tipo, le toque al que le toque».