Un grupo de trabajadores de Limasa, unos 200 correspondiente al turno de la mañana del parque central de Los Ruices, protagonizó ayer una huelga exprés sin aviso previo como protesta por las sanciones impuestas por bajo rendimiento, que decidieron levantar a partir de las dos de la tarde, tras lograr un principio de acuerdo que deja paralizadas las sanciones hasta que una comisión las analice y decida sobre ellas globalmente.
El paro espontáneo protagonizado por los operarios de Los Ruices fue un aviso y una demostración de fuerza de la plantilla sobre su capacidad de responder frente a actitudes que consideren que niegan sus intereses.
El acuerdo que propició la desconvocatoria de la protesta llegó tras una reunión de la empresa con miembros del comité en la que participaron y mediaron varios concejales de PSOE, Málaga Ahora e IU del Ayuntamiento de Málaga.
En concreto, en este encuentro las partes se comprometieron a crear a partir del 28 de enero una comisión para analizar cada una de las sanciones impuestas y adoptar una decisión global sobre todas ellas, según informó el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte (UGT).
En todo caso, los trabajadores seguirán trabajando «a reglamento», según ellos o incumpliendo su jornada laboral, según la empresa, que es lo que ha propiciado la apertura de cerca de 800 expedientes sancionadores.
De igual modo, en esa reunión se acordó retomar el próximo día 27 las reuniones de la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo y también se aprobó la participación de los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
Una mañana de tensión. El paro espontáneo de ayer surgió cuando unos 200 trabajadores de Limasa de la sede central de Los Ruices decidieron no salir a trabaja en protesta por el anuncio de las primeras sanciones comunicadas a algunos de ellos.
La protesta se circunscribió a la plantilla del parque central de Los Ruices, ya que los trabajadores del resto de cuartelillos sí salieron a trabajar. La protesta supuso que hicieran su trabajo los operarios dedicados a la recogida selectiva, al baldeo, a la poda o la recogida de muebles y también a la recogida de residuos de los mercados y zonas del extrarradio.
Las sanciones a los primeros operarios les fueron comunicadas a partir de las dos de la madrugada, cuando estos trabajadores se encontraban ya realizando sus tareas. Estas primeras sanciones son consideradas graves, por lo que según el convenio nacional pueden acarrear suspensión de empleo y sueldo de entre tres a diez días.
Estas penalizaciones responden a un supuesto bajo rendimiento al terminar la ruta sin recoger todos los contenedores o entregar el camión cargado de residuos y no vaciarlo previamente en el vertedero. El alcalde, Francisco de la Torre, consideró la protesta como «una huelga ilegal» y pidió su cancelación.
El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, por su parte, anunciaba a media mañana que el Ayuntamiento y la empresa Limasa estaban estudiando la contratación de una empresa que recogiera la basura, para el caso de que la huelga se mantuviera para la noche cuando se abre el turno de recogida de contenedores, pues «el Ayuntamiento tiene la obligación de prestar el servicio y no se puede quedar la basura sin recoger y para ello utilizaremos todos los medios legales posibles». El concejal tachó de «chantaje» la huelga y una «falta de respeto a los ciudadanos».
