Opción Sampedreña (OSP) presentó ayer por la mañana en el juzgado de instrucción de Marbella una querella criminal contra la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz. Le acusan de un presunto delito de prevaricación por cometer supuestas irregularidades en la contratación de los directores generales de Participación Ciudadana y Deportes, Baldomero León y Federico Vallés, respectivamente.
Según explicaron los concejales de la formación en el Ayuntamiento, Rafael Piña y Manuel Osorio, la regidora habría incumplido el mandato del Tribunal Constitucional por el que tendría que hacer dimitir a sus concejales no electos.
Según los ediles, la contratación de éstos como directores generales «contraviene el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 13 exige que las convocatorias de plazas de personal directivo garanticen la publicidad y concurrencia en el Boletín Oficial de la Provincia».
Igualmente, la contratación de ambos directivos incumple, según los representantes de OSP, el plan de ajuste municipal de los presupuestos del presente ejercicio.
La respuesta por parte del equipo de gobierno no se hizo esperar. El coordinador de Hacienda de la institución municipal, Carlos Rubio, manifestó que las contrataciones de León y Vallés se ajustan «escrupulosamente a todas las exigencias legales».
El representante municipal fue más allá y tachó de «esperpento político» la demanda de la fuerza política sampedreña, a cuyos componentes acusó además de utilizar la justicia «sólo para atacar». Algo que en el equipo de gobierno consideran «inadmisible», afirmó.
