La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cuatro años de cárcel por cohecho y fraude al exedil del GIL Francisco Javier Lendínez en el marco del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella. El exconcejal no se sentó en el banquillo de los acusados del macroproceso porque estuvo huido de la justicia cinco años (2008-2013), en concreto escondido en Bali y se entregó el día antes de que se conociera la sentencia sobre la trama que lideraba Juan Antonio Roca.
El tribunal, presidido también por José Godino, ha empleado 288 folios para condenar a Lendínez, que fue miembro del GIL hasta agosto de 2003, cuando una moción de censura descabalgó a Julián Muñoz del sillón municipal y subió a la alcaldía Marisol Yagüe.
La Sala recuerda que Lendínez estuvo vinculado al Consistorio desde el 99 a 2003 como concejal del GIL y en los primeros meses de Muñoz llegó a ser teniente de alcalde. Tras la moción, deja el equipo de gobierno y pasa a ser concejal en la oposición, «disminuyendo notablemente el sueldo que percibía, 600 euros, aunque recibiendo una cantidad en torno a 1.500, además de su salario, para sufragar los gastos del grupo político al que pertenecía».
En los archivos Maras Asesores, Lendínez Bernal es identificado con las iniciales de sus apellidos, «y consta como entregada al mismo por el señor Roca la cantidad de 12.000 euros en sobres a su nombre». Esa cantidad en cuestión se refleja en el archivo «ayuntamiento.xls», y se divide en dos entregas de 6.000 euros en 2004 y 2005.
En el registro efectuado en su casa, la policía localizó 5.200 euros en efectivo que proceden de estos cobros, declara el fallo. De cualquier forma, la Sala indica que Maras es una prueba fundamental, y que los ingresos que constan en las periciales «no se pueden conciliar con el salario que Lendínez percibía del Ayuntamiento», y se señala que «no procedían de ingresos acreditados», sino de los sobres de Roca.
La otra pata de la condena es el fraude asociado al convenio de Vente Vacío. El tribunal llega a la firme convicción de que existía en Marbella un sistema de corrupción generalizada y, en cuanto a la operación urbanística, «la mayoría de los concejales, por no decir la totalidad de ellos, incluido el señor Lendínez, argumentaron en el juicio, en un vano intento autoexculpatorio» que no sabían nada de urbanismo y que únicamente votaban los expedientes informados favorablemente por los técnicos.
«Este argumento no puede tener favorable acogida por el tribunal», indica la Sala, ya que lo que se juzga no son los conocimientos urbanísticos de los políticos, sino «si cumplieron o no con las obligaciones propias de su cargo».
«Y desde luego no fue así, cuando haciendo absoluta dejación de funciones se concertaron con el señor Roca para allanarle el camino a sus actividades y negocios urbanísticos ilícitos, a cambio, claro está, de percibir unas elevadas cantidades económicas que, a título de dádiva, les ofrecía aquel, previa exacción a los empresarios de la construcción», asevera la Sala.
Lendínez es condenado a dos años por el cohecho, amén de a pagar una multa de 24.000 euros y a cinco años de inhabilitación. Por el fraude, se le imponen dos años de cárcel y ocho de inhabilitación, y por la prevaricación un tercer periodo de suspensión de cargo público para otros tantos ejercicios. Asimismo, se le sentencia a pagar, de forma solidaria con otros concejales y dos empresarios de CCF21, casi 1,4 millones de euros.
La Sala decreta, asimismo, la nulidad del convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos del 10 de septiembre de 2002 entre el Consistorio y la promotora.
De cualquier forma, es absuelto de malversación de caudales y apropiación indebida. La Audiencia Provincial, por cierto, destaca la gravedad del hecho, «y el enorme perjuicio que estos sistemas de corrupción generalizada suponen para los ciudadanos, al comprobar el abuso reiterado del cargo público y el enriquecimiento injusto y burdo de las personas elegidas de buena fe a costa de los legítimos intereses del municipio».
Además, aseguran los magistrados, «el daño ocasionado al prestigio y eficacia de la administración pública, a la imparcialidad con que debe actuar siempre cualquier autoridad o funcionario público fue abiertamente transgredida» por los concejales de Marbella, incluido Lendínez.
