Alcalde de Marbella

"El urbanismo en Marbella no se para, se pone en pause y haremos otro plan"

Dirigido el shock del momento, José Bernal habla de "ver la nulidad del PGOU del 2010 como una oportunidad" y habla de "buscar nuevos inversores para garantizar la viabilidad del proyecto de La Bajadilla" antes de enero

09.11.2015 | 15:35
"El urbanismo en Marbella no se para, se pone en pause y haremos otro plan"

En corto

Licenciado en Historia, Bernal dejó atrás las aulas para asumir la alcaldía de Marbella después de las pasadas elecciones municipales. Gobernando en minoría, ha aspirado desde el minuto uno a demostrar que su falta de mayoría no es sinónimo de inestabilidad y se ha apurado a abrir la ciudad a la llegada de inversores. Ahora le toca lidiar con la vuelta del municipio a 1986, al menos, en materia urbanística.

­Cuando se enteró que el Tribunal Supremo había declarado como nulo el PGOU de 2010 por el que se regía la política urbanística en Marbella, José Bernal, actual alcalde del municipio más vanguardista de la Costa del Sol, se encontraba almorzando en Madrid con un grupo de posibles inversores. Pasada la incómoda digestión del momento, Bernal habla, incluso, de «una oportunidad para la ciudad» y afirma que Marbella está abocada a la elaboración de un «nuevo plan general». A pesar de todo, garantiza que el PGOU de 1986 es el soporte jurídico para blindar el desarrollo urbanístico de la ciudad. Además, señala el mes de enero como fecha tope para desatascar el proyecto del puerto de La Bajadilla y para «buscar viabilidad al proyecto con nuevos inversores». Este proyecto es vital para el desarrollo de una nueva zona de oportunidades-

¿Qué pasa con las 16.500 viviendas que legalizó el PGOU de 2010 y que ahora se encuentran en un limbo jurídico tras el fallo del Tribunal Supremo?
El PGOU no legalizaba directamente estas viviendas. Establecía un sistema de compensaciones que ahora ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo. Aquí es donde arrancan todos los problemas. Con el plan del 2010 se habrán compensado unas 1.000 viviendas, hasta el momento. ¿Qué ocurre ahora con esas viviendas? Pues que se vuelven a quedar fuera de la ordenación, ya que la sentencia del Tribunal Supremo dictamina que hay que volver al plan general de 1986. Conforme a este plan son, evidentemente, viviendas irregulares. Pero eso no significa que sean ilegales, sino que se encuentran fuera de ordenación.

Entonces, ¿quién tiene que legalizar ahora esas construcciones y cómo?
A ver, aquí hay que dejar claro que sigue habiendo un plan general. Que se nos compara con otros casos como Chiclana, pero aquí tenemos el plan de 1986 que nos permite seguir con nuestro desarrollo urbanístico. El urbanismo en Marbella no se para, se pone en pause. ¿Qué es lo que se para hasta que busquemos una solución? Parte del desarrollo nuevo ligado al plan general del 2010. Ahí entra la normalización de esas 16.500 viviendas. Nosotros vamos ahora a plantear con la Junta de Andalucía cómo buscarle salida a este asunto. Habrá que encontrar una solución en el ámbito legislativo para ver qué ocurre con esas viviendas que se quedan con fuera del ordenamiento.

Usted dijo nada más llegar que Marbella necesita un nuevo plan de urbanismo, pero que no era su prioridad. Ahora la sentencia del Tribunal Supremo abre esa posibilidad.
Me cayeron las hostias por todos los lados. Aquí nadie quería escuchar hablar del tema. Los ciudadanos son los máximos perjudicados con el plan del 2010. Las dotaciones para la ciudadanía proceden de compensaciones de promociones irregulares que si no se regularizan, y cabe la posibilidad, los ciudadanos no van a acceder a esas dotaciones. Por lo tanto, la sentencia del TS abre la posibilidad de elaborar un nuevo plan general o, al menos, llevar a cabo una modificación del plan del 1986 lo más amplia posible. Hay que ser prudente, pero esto va a terminar con la elaboración de un nuevo plan general e intentamos ver la situación como una oportunidad.

¿Contará de nuevo con Manuel Ángel González Fustegueras para el desarrollo de ese nuevo hipotético plan?
No, claro que no. El equipo redactor de ese nuevo plan será un equipo consensuado con la Junta de Andalucía, pero el Ayuntamiento de Marbella será quien tome esa decisión. Fustegueras hizo un plan bajo una filosofía de compensación que ya no es que a nosotros no nos pareciera bien, sino que hay una sentencia que está diciendo eso. Hay que hacer un documento mirando al futuro. Para eso no valen filosofías como la de Fustegueras.

¿Qué pasa ahora con todas esas compensaciones que ya se han pagado? Usted las cifró anteriormente en unas mil.
Nosotros entendemos que todos los que han pagado ya la compensación y tienen licencia se ajustan a derecho.

¿Cómo garantiza la seguridad jurídica a los inversores?
Cuando yo digo que garantizo la seguridad jurídica a los inversores me refiero a que hay un plan general del 2010 que contiene páginas del plan de 1986 y éste está vigente. Hay un documento territorial muy amplio de ordenación para seguir haciendo las nuevas inversiones. Mi intención no es paralizar nada, sino garantizar las inversiones. Estamos en un momento de avalancha, pero muchas inversiones sobre las que estamos trabajando tienen perfecta cabida en el plan de 1986.

¿Qué posible soporte jurídico puede garantizar que no se paralice la labor urbanísitica?
El PGOU de 1986 con las adaptaciones que tengamos que llevar a cabo. Es una fórmula transitoria y en esa fórmula transitoria también caben figuras ajustadas a la ley para que no se nos escape ninguna inversión.

Una de las razones por las que el PP aprobó el PGOU de 2010 fue por la posibilidad de poder subir el IBI. ¿Qué pasa ahora? ¿Se tendrá que rebajar?
Ahí hay dos cosas. El plan general lo elabora el Ayuntamiento de Marbella. En mayo de 2007 la Junta de Andalucía le devuelve las competencias al Ayuntamiento y el plan definitivo se publica en el año 2010, tras tres años de elaboración. A lo largo de estos tres años, el Ayuntamiento modifica el plan en varias ocasiones y la Junta de Andalucía le da el visto bueno, pero porque la ley obligaba a ello. Por eso le he dicho a Ángeles Muñoz, que no haga de esto una guerra entre Junta y Ayuntamiento. En el tema del IBI, ¿puede afectar? Posiblemente, sí. Estamos en un momento de incertidumbre, pero entendemos que no. Al final, hablamos de una cuestión de caja y puede afectar más la perdida de plusvalías por hipotéticas inversiones que no se realizan.

¿La sentencia del Tribunal Supremo no significa entonces que se paralizan las inversiones que estaban previstas?
Las inversiones, siempre que se puedan ajustar al plan general de 1986 adaptado se mantendrán. Posiblemente haya algunas inversiones que se tengan que paralizar porque se ajustan al plan del 2010. Pero, también, ocurre otra cosa. Posiblemente, algunas inversiones que eran más restrictivas con el plan del 2010, con el plan del 86 son menos restrictivos. La dificultad que se le planteaba a algunas inversiones, con el plan del 86 ya no se plantean.

­¿En qué situación se encuentra el proyecto la ampliación del puerto de La Bajadilla? La Junta de Andalucía pone de tope el mes de enero para que el jeque Al-Thani dé señales de vida.
La Junta de Andalucía no ha puesto ningún tope hasta el mes de enero. Lo que ocurre, es que en la junta de accionistas, el Ayuntamiento de Marbella, con el tres por ciento de las acciones que tiene, ha solicitado que el proyecto tenga ya una solución en firme para el mes de enero. La situación en la que se encuentra ahora mismo el proyecto es de parálisis. El anterior equipo de gobierno estaba más interesado en la especulación del accionariado, que en sacar adelante al proyecto. Nosotros lo que buscamos es la viabilidad de La Bajadilla con nuevos inversores.

¿Usted ha mantenido recientemente alguna reunión con representantes de la sociedad del jeque?
Nosotros hablamos con todas las partes. Pero eso se queda en el ámbito de la privacidad.

¿Pero le han transmitido de alguna manera que siguen apostando por el proyecto?
Repito, nosotros nos reunimos con todas las partes. Con los que dicen que quieren seguir. Con los que dicen que le han comprado al jeque parte de las acciones.

­¿También con representantes de Blue Bay?
Sí, también. Pero porque es nuestra obligación.

­¿Tiene cerrado con Marinas del Mediterráneo que se haga cargo del proyecto si el jeque no lo asume finalmente?
No lo permite la ley. El pliego del concurso queda sometido a quien lo gana. Si quien lo gana no ejecuta la obra, habría que volver a hacer un nuevo pliego. Nosotros nos hemos reunido con todo el mundo. Pero ahora vamos a ejercer como socios que somos.

¿Cuál es el problema para que el proyecto lleve ya tres años paralizado siendo una de las inversones más importantes para el desarrollo de Marbella?
Había un conflicto interno por parte del máximo accionariado y eso ha bloqueado el proyecto. Luego había otro socio, el Ayuntamiento de Marbella, que no impulsaba el desbloqueo. Nosotros vamos a llegar a una resolución. Para bien o para mal. Lo que no vamos a permitir que esto se siga eternizando.

­El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que a la ciudad llegarían proyectos de interés financiados con el dinero de las multas de los casos de corrupción y usted lo acusó de mentir. ¿Por qué no le gusta el acuerdo alcanzado en el Congreso y en el Senado sobre las multas del caso Malaya?
Porque lo que han dicho públicamente es mentira. El dinero que se recupere de los casos de corrupción va destinado al pago de la deuda y a reducir los plazos. Yo quise que ese dinero fuera directamente a inversiones en la ciudad y me dijo Montoro que no. Yo entiendo que el país está rescatado y necesita ese dinero para justificarse ante la Unión Europea. No hay nada más injusto, que la generación que ha sufrido la corrupción, no se sienta resarcida de ella.

La sombra de la moción de censura siempre está sobrevolando. Se rumorea que después de las elecciones generales habrá movimientos en función de los resultados.
No hay posibilidad alguna de que haya una moción de censura. En el gobierno de Marbella hemos llegado hasta tal punto de compenetración, que tenemos responsables de áreas que son de otros grupos políticos. Hemos generado una confianza y una sinergia de trabajo extraordinaria entre todos. Nosotros lo que tenemos que garantizar es seguridad jurídica al municipio y en eso estamos.

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