El Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer en pleno solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central un compromiso expreso en defensa de los propietarios que adquirieron de buena fe viviendas que se construyeron de forma irregular durante los gobiernos del GIL y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 por parte del Tribunal Supremo.
La moción salió adelante con los votos a favor del PP, partido que la promovió, además de PSOE, IU y Opción Sampedreña y con la abstención de Costa del Sol Sí Puede (CSSP).
La portavoz del PP, la exalcaldesa Ángeles Muñoz, bajo cuyo mandato se aprobó el PGOU derogado, aseguró que su formación siempre ha mantenido que las demoliciones «no iban a ser la solución. ¿Cómo se iba a destruir el patrimonio de los miles de vecinos que no habían sido culpables de lo que había ocurrido en Marbella?», se preguntó Muñoz.
El PSOE, según ella, sí varió su posición respecto a los propietarios de viviendas por lo que, ahora que el Supremo ha anulado el PGOU, es el momento de que «sepamos dónde estamos cada uno. En el 2006, la Junta decía que elevaba a 5.000 las viviendas que había que demoler y que exigiría la demolición de todas las viviendas ilegales», dijo Muñoz.
La exalcaldesa destacó que el PGOU del 2010 garantizó que las viviendas irregulares no se demolieran porque contemplaba la legalización a través de un sistema de compensaciones. «Se tendrá que legislar de manera excepcional porque lo que pasó en el Ayuntamiento fue excepcional y porque fue excepcional que la Junta no cumpliera con el compromiso de velar porque se cumpliera la legalidad», dijo Ángeles Muñoz.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, recordó que el PP dispuso de cinco años para resolver la situación de las cerca de 16.000 viviendas que se edificaron al margen de la ley.
«No pusieron mucho empeño, porque se legalizaron un 7-8% del total. Mucho decir que su postura siempre ha sido la misma, pero cuando han tenido capacidad para actuar han hecho poco. Ahora hay que instar a otra administración a que solucione el tema», dijo.
La edil presentó una enmienda que el PP aceptó para pedir a cuantas más administraciones con competencias en urbanismo sean posibles que puedan aportar algo, en referencia al Gobierno central.
El portavoz de IU, Miguel Díaz, recordó que el Ayuntamiento tiene también que defender a los ciudadanos «de buena fe, aquellos que perdimos zonas verdes y equipamientos y los derechos que la ciudad reserva para todos nosotros».
La portavoz de CSSP, Victoria Mendiola, justificó su abstención en que el único órgano que tiene la potestad para determinar la buena fe de un comprador de una vivienda ilegal son los tribunales y no el Ayuntamiento, la Junta o el Gobierno central. «La moción del PP es indefendible y no tiene ningún fundamento jurídico», dijo
El vocal de OSP, Rafael Piña, insistió en que «la inmensa mayoría de los compradores de viviendas fueron de buena fe, lo diga quien lo diga. ¿Quién les iba a decir que esa casa no era legal, si el PGOU se aprobaba en plenos a medianoche y unos decían que era legal y otros que no?», dijo Piña.
Una quincena de trabajadores del Organismo Autónomo Local de Limpieza interrumpió el pleno unos minutos para reivindicar su integración en el Ayuntamiento.
