Una concejala del PP de Marbella se hace un garaje en su chalé sin pedir licencia

La edil de Urbanismo ordenó la paralización de las obras y su demolición pero la concejala siguió con la construcción – El Ayuntamiento le ha abierto un expediente sancionador que podría acabar con una multa de entre 4.026 y 8.053 euros

19.07.2016 | 05:00
Imagen de las obras que se hizo la edil del PP Carmen Díaz en su chalé de Nueva Andalucía.

­La concejala del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Marbella y exdelegada de Educación, Carmen Díaz, se ha construido un garaje en su chalé de Nueva Andalucía sin tener licencia de obra que la habilitara para ello, según los expedientes de paralización y reposición y sancionador a los que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Según consta en el primero de los documentos, un decreto de la actual concejala de Urbanismo y Vivienda, Isabel Pérez Ortiz, en un informe jurídico del 13 de mayo de 2016 se explica que se ha constatado, «a partir del acta levantada por el departamento de Inspección Urbanística del 18 de abril de 2016, la existencia de unas obras consistentes en construcción auxiliar adosada a lindero público de superficie aproximada de 18 metros cuadrados sin que se tenga constancia de que se cuente con licencia de obras».

En relación al informe técnico de disciplina urbanística, fechado el 19 de abril de 2016, según el PGOU de 1986 los terrenos donde se ubica la vivienda están clasificados como suelo urbano. «En cuanto a la legalidad de la ampliación del sótano, se observa que la construcción auxiliar incumple la separación a lindero establecida en tres metros». En este estudio, se considera que la primera decisión municipal ha de ser la paralización de la obra y el inicio del procedimiento para la reposición de la realidad física alterada, es decir, que tire lo levantado. En ese informe técnico, se hace hincapié en que, «de incumplirse las medidas restauradoras de la legalidad indicadas, el Ayuntamiento debe, previo apercibimiento a quienes estén obligados a cumplirlas, ordenar la ejecución de las mismas a costas de los obligados, o imponer multas coercitivas».

Este primer expediente, resuelto con el decreto de la concejala, concluye ordenando la «inmediata paralización de las obras consistentes en la construcción auxiliar adosada a lindero público de superficie aproximada de 18 metros cuadrados» en la casa de la edil popular. Esta suspensión «no será levantada hasta la legalización de los actos realizados».

Asimismo, se inicia el procedimiento de «reposición de la realidad física alterada por la realización de obras sin licencia», al ser, indica la concejala en el decreto, «las obras ejecutadas disconformes con la ordenación urbanística vigente». Asimismo, se le da a los interesados el plazo de 15 días contados desde la notificación del decreto para alegar lo que estimen convenientes.

Esta decisión también era susceptible de ser notificada al promotor, al propietario o a cualquier persona que se encuentre en el lugar de la ejecución, realización o desarrollo de las obras.

Pese a ello, según las fuentes, la exconcejala continuó con los trabajos, después de iniciar las obras contrarias a la normativa urbanística sin licencia alguna.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decide iniciar el expediente sancionador y se hace de nuevo referencia al informe jurídico del 13 de mayo de 2016: «En cuanto a la legalidad de la ampliación del sótano, se observa que la construcción auxiliar incumple la separación a lindero establecida en tres metros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222.6 de la normativa urbanística del PGOU, por lo que no sería legalizable».

La edil resuelve, por tanto, iniciar el procedimiento sancionador contra Carmen Díaz García por la ejecución de obras sin licencia, calificando su actuación de «grave» de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207.2.3 y 4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La sanción que pudiera corresponder, considera la edil de Urbanismo, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, oscila entre los 4.026,5 a 8.053 euros.

La edil de Urbanismo y Vivienda nombra instructora del procedimiento a una funcionaria de Disciplina Urbanística, y recuerda a los responsables que «pueden reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, o cuando esta tenga carácter pecuniario, el pago voluntario, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del procedimiento».

Asimismo, se le dan a la edil del PP dos semanas para que presente alegaciones.

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