Tribunales

La Audiencia absuelve a Roca por el caso Goldfinger pero condena a los asesores

La Sala ha sentenciado a Julián Muñoz a un año de prisión por un delito urbanístico

19.10.2016 | 05:00
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ayer a su llegada a los juzgados de Málaga.

Los abogados y exasesores que participaron en la operación urbanística son castigados con altas penas de prisión y multas de 63,8 millones de euros.

­La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, de fraude, cohecho y contra la ordenación del territorio y malversación, ilícitos que según la Fiscalía Anticorrupción había cometido en el marco del caso Goldfinger por el pelotazo urbanístico dado a principios de la pasada década con varias parcelas, entre ellas uno del matrimonio formado por Sean y Micheline Connery, con importantes aumentos de edificabilidad y recalificaciones. Finalmente, se construyeron 72 viviendas con un perjuicio de 2,7 millones de euros para la ciudad.

La buena noticia para Roca llega en un buen momento, pues lleva más de diez años en la cárcel, está cumpliendo condenas por los casos Malaya, Belmonsa, Saqueo 1, Minutas y Urquía y ya se le ha concedido su primer permiso de tres días, aunque la Fiscalía Anticorrupción lo ha recurrido. Ayer, en el marco del juicio de Marina Mariola, se le vio muy sonriente junto a su abogada, Rocío Amigo. No podrá cumplir más de 20 años de cárcel tras serle acumuladas todas las penas.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz, acusado de firmar los convenios previos al pelotazo, es absuelto de fraude y malversación, pero se le condena a un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. También son sentenciados a un año los exediles Marisa Alcalá y Rafael González Carrasco, Javier Lendíez es castigado a 15 meses mientras que Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa lo son a nueve meses.

La Sala absuelve a otros cuatro encausados, pero se emplea muy duro contra los abogados y asesores que participaron en la operación urbanística. Uno de los juristas de la firma marbellí que asesoraba a los Connery ha sido condenado a nueve años y tres meses de cárcel y a pagar dos multas, una de 63,8 millones de euros y otra de 647.688 por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Uno de sus socios de despacho es condenado a siete años y nueve meses, también por tres delitos fiscales, y a una multa de 63,8 millones, mientras que otros dos intermediarios han sido castigados a idénticas penas de cárcel y multa. El quinto implicado es sentenciado a un año y medio de prisión y a pagar 15,9 millones de euros por tres ilícitos fiscales. La Sala impone además que todos ellos indemnicen en 15,9 millones de euros a la Hacienda Pública.

Este caso levantó una gran expectación mediática desde sus inicios, pero el actor escocés Sean Connery no se ha sentado en el banquillo de los acusados y ni siquiera fue imputado, mientras que para su mujer, Micheline, se piden dos años y medio por fraude al fisco. El matrimonio, que reside en las Islas Bahamas, no se ha dado por enterado del problema judicial.

Durante el juicio, Roca aseguró que el grupo Gil ideó un mecanismo para «exprimir» a propietarios y promotores que quisieran firmar un convenio con el Ayuntamiento pidiéndoles el 50% de los aprovechamientos, algo que no tenía base legal. El exasesor estaba acusado de haberse quedado con dos casas de la promoción Malibú a cambio de sus gestiones, algo de lo que se le ha declarado inocente en este caso.
«Yo no he hecho ninguna rebaja, algo que además era lícito», precisó, y negó que hubiera un acuerdo entre el despacho que representaba a los Connery.

Sobre la absolución de Roca, los magistrados reflejan que esa situación de «urbanismo a la carta» y de «concejales en nómina» de Roca «ha quedado huérfana de prueba» en este caso, apuntando que «dicha prueba ya se desarrolló con profusión en otras causas, pero para otros supuestos y, en nuestro caso, para otros convenios urbanísticos y licencias de obras distintos a los aquí enjuiciados».

Al respecto, se precisa que «ni siquiera los señores concejales supuestamente inducidos por el acusado para la comisión de los delitos contra la ordenación del territorio han sido interrogados por las acusaciones directamente sobre esa hipotética inducción; sobre el modo, las circunstancias, el momento, los instrumentos o el desarrollo de esa decisiva y total influencia sobre sus voluntades a la hora de aprobar la licencia de obra en cuestión».

«Ninguna prueba se ha practicado que vincule y condicione la voluntad de los concejales acusados con la voluntad y el empeño directo del acusado Juan Antonio Roca Nicolás», dice la Sala, por lo que ante «tal vacío probatorio», le absuelve de este delito.

Respecto al delito de fraude, se precisa que existe «claridad» en la existencia de los delitos contra la ordenación del territorio, pero no en relación a este ilícito.

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