El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, ha emplazado al Ayuntamiento de Marbella a una reunión el próximo martes en la capital malagueña con motivo del requerimiento de la Administración estatal para reimplantar la jornada laboral de 37,5 horas en la plantilla municipal frente a las 35 que marca el convenio colectivo, según anunció ayer el alcalde, José Bernal.

A preguntas de los periodistas, el regidor señaló que tras la reunión mantenida ayer entre el Ayuntamiento, el comité de empresa y los representantes de los grupos políticos, los distintos agentes sociales acudirán a la cita con el subdelegado para defender «una fórmula que satisfaga a todas las partes».

Bernal recordó que fueron los trabajadores del Ayuntamiento los que elevaron al Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) la ultraactividad del convenio laboral, en el que se contempla que la jornada laboral es de 35 horas a la semana, por lo que apostó ayer por que éstos estén representados en la reunión con la Subdelegación, una postura a la que en un principio se mostró en contra el Partido Popular pero que finalmente «ha venido a razón».

«La intención del Ayuntamiento es que siempre hay que velar por el interés de los trabajadores», subrayó el regidor marbellí, quien señaló que si ello «faculta y posibilita la apertura para un mayor número de trabajadores en la Administración, eso es bueno».

Bernal recordó que siempre ha apostado por la jornada laboral de 35 horas semanales para que «esas dos horas y media se multipliquen para que la administración sea abra y de una vez por todas tengamos concursos públicos para que sean más personas las que puedan estar en la Administración y prestar un mejor servicio porque entendemos que lo público es lo prioritario».

La medida deriva del requerimiento que hizo la Subdelegación en marzo al Ayuntamiento en relación al convenio colectivo aprobado en julio de 2016 y al punto en el que se establecen las 35 horas semanales para que esta cláusula se suprima, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 establece que las administraciones locales han de aplicar una jornada laboral de 37,5 horas.