El alcalde de Marbella, José Bernal, se mostró a favor de la decisión de la Fiscalía, que se opone al sobreseimiento provisional de la causa de investigación de las supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, instado por la representación legal de Ángeles Muñoz, alcaldesa en el momento en el que la corporación tramitaba este planeamiento urbanístico, y del vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas. El regidor marbellí pidió ayer a la ahora senadora que renuncie a ser aforada para poder dar explicaciones ante la justicia «y poner así fin a este procedimiento, al menos en primera instancia».
Bernal invita así a la exregidora a que preste declaración ante el juez y el fiscal porque, desde su punto de vista, la actual posición de la Fiscalía «estrecha el cerco sobre Ángeles Muñoz» . «El informe del fiscal es lapidario. Deja más que claro que hay que seguir la investigación y que hay que buscar más testigos», señaló ayer a los periodistas.
Ángeles Muñoz, aforada por su condición de senadora, está personada en la causa tras la denuncia del fiscal, mientras que De las Cuevas está investigado.
Además, en la resolución dictada el 20 de julio a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de Marbella asegura que «nada tenemos que oponer» al sobreseimiento de la presente causa respecto de la exedil popular de Urbanismo, Alba Echevarría, ya que «de lo actuado en ningún momento ha quedado acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación de documento público investigado en las presentes diligencias».
Pide también que declaren en calidad de testigos las dos personas que De las Cuevas señaló que transcribieron el pleno en el que la Corporación dio luz verde a la segunda aprobación provisional del PGOU; la persona que, supuestamente, recibió la documentación presentada por el equipo redactor; y los exediles Diego Eizaguirre, del PP, y Susana Radío, del PSOE.
El alcalde marbellí insistía ayer en que, según la Fiscalía, las contradicciones son muchas, «incluso entre los mismos gestores y tramitadores del PGOU», por lo que «la señora Muñoz tiene que dar explicaciones».Respeto al fiscal
Por su parte, la primera teniente de alcalde de Marbella, Blanca Fernández, expresó el «absoluto respeto» del equipo de gobierno al pronunciamiento del Fiscal y la actuación de la Justicia.
En el PP, sin embargo, señalaron que «el relato del fiscal coincide a pies juntillas con lo que Muñoz ha manifestado desde el minuto uno, es decir, hubo reuniones en la Junta de Andalucía, hubo un informe del Consejo Consultivo, el equipo redactor del PGOU, que nada tenía que ver con el Ayuntamiento sino que lo puso la Junta, hizo las modificaciones y alteraciones en el planeamiento». Así se manifestó ayer el concejal popular Carlos Alcalá, quien acusó a su vez del PSOE de querer «estirar este caso como un chicle para sacarle rendimiento político».
«Aquí hay muy poco recorrido. Se trata de una persecución política contra Muñoz, la rival más importante del PSOE en Marbella», añadió Alcalá, que sostiene que «si el fiscal sigue manteniendo el mismo relato, acabará con el archivo del asunto».
