La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó ayer tres años de prisión por un delito de insolvencia punible para la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe por, supuestamente, vender una vivienda de su propiedad que tenía en la capital de España con el fin de eludir el embargo preventivo que pesaba sobre el inmueble y que había sido acordado por el Tribunal de Cuentas, con anterioridad a su venta.
Yagüe fue condenada en 2013 por la Audiencia Provincial de Málaga como autora de dos delitos de cohecho pasivo, un delito de malversación, y otro de fraude, según señaló el Ministerio Fiscal.
La sentencia establecía el comiso de una vivienda situada en la calle Rodríguez Sampedro, en Madrid, que había sido adquirida a la mercantil Departamento de Estudios Hipotecarios y que aparecía registrada a nombre de un hijo de la acusada.
El fallo judicial declaró probado que la vivienda era propiedad de María Soledad Yagüe y que utilizó a su hijo como testaferro a los efectos de que constara el nombre de Jorge Becerra Yagüe y eludir así los efectos pecuniarios que pudieran derivarse del fallo judicial.
El 11 de diciembre de 2013, el Tribunal de Cuentas dictó otra sentencia en la que estimaba parcialmente la demanda del Ayuntamiento de Marbella y declaraba a Yagüe responsable contable directa de la cantidad de 348.129 euros de los que tenía que responder de forma solidaria con los demás demandados en la cantidad de 78.975 euros más los intereses legales y costas del procedimiento.
El 4 de abril de 2014, el mismo tribunal acordó como medida cautelar el embargo preventivo de la vivienda para que pudiera hacer frente a la sanción económica.
Antes de que se ejecutara la sentencia, la Fiscalía sostiene que la acusada ordenó a su hijo que transmitiera la vivienda a una tercera persona «que no consta tuviera intervención en los hechos descritos, por un importe final de 480.000 euros con el único fin de eludir el pago «de las responsabilidades civiles a las que fue condenada».
La petición de cárcel para Yagüe por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid se produce dos semanas después de que la Audiencia de Málaga condenara a la exregidora a dos años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación por un delito de malversación de caudales por el uso de material municipal en las obras de una vivienda en Marbella. Además, se le condenó junto a dos técnicos a pagar al Consistorio 10.729 euros.
En la sentencia se absolvió a Yagüe del delito de prevaricación del que le acusaba el Ayuntamiento.
Según se declara probado en la resolución, en una fecha no determinada de 2004, la exalcaldesa acordó verbalmente con el representante de una empresa realizar obras de reforma en la vivienda. Yagüe concertó con los dos técnicos sacar de los almacenes municipales los materiales necesarios con el consiguiente «beneficio patrimonial».
La defensa de la exalcaldesa anunció que presentaría un recurso de casación ante el fallo judicial tras estudiar la resolución dictada por la Sección Segunda de Málaga. El Tribunal Supremo tendrá que resolver el recurso.
